Con una trayectoria de aproximadamente 40 años, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda Puerto Tirol Ltda. surgió por iniciativa de vecinos y vecinas que buscaban mejorar la calidad de vida de la comunidad. Situada en el departamento Libertad, a unos 15 kilómetros al oeste de Resistencia sobre la ruta nacional 16, Puerto Tirol es una localidad industrial y forestal del este chaqueño que creció al ritmo del entramado productivo del Gran Resistencia.

Sus primeros integrantes recorrían las casas para cobrar las cuotas y sostener un servicio que, hasta entonces, se abastecía mediante pozos, perforaciones y agua de lluvia.

Alrededor de 1985, a partir de un convenio con el Estado provincial, la Cooperativa recibió la posesión de la distribución de agua potable en la localidad.

La prestación comenzó con dos motores, una cisterna y un tanque elevado, pero con el paso del tiempo se extendió a distintos sectores mediante inversiones en terrenos, pozos de bombeo e infraestructura. También incorporó el sistema cloacal, que continúa funcionando en la actualidad.

El vicepresidente de la entidad, Carlos Ramón Flores, recordó el esfuerzo de quienes impulsaron el proyecto: “Esto se remonta 40 años aproximadamente cuando la gente de la localidad, tratando siempre de brindar un servicio a la comunidad y que la vida sea mucho mejor para la gente del lugar, tuvieron la visión de crear esta Cooperativa”.

Recuperación y conflicto por los bienes

Durante su crecimiento, el espacio llegó a brindar agua potable a unos 4.000 usuarios de una localidad que cuenta con aproximadamente 13.000 habitantes. Sin embargo, atravesó diferentes dificultades económicas e institucionales que derivaron en una crisis. Hace alrededor de dos años y medio, una nueva conducción comenzó un proceso de recuperación que incluyó la compra de tanques y motores, la modernización administrativa, la regularización de deudas con organismos provinciales y la puesta al día de los salarios de los trabajadores.

“Se hicieron inversiones, se compraron tanques de agua, motores nuevos, se mejoró muchísimo, se puso al día la deuda que se tenía con entes provinciales. Los sueldos al día de los empleados, que ese era un problema que se tenía”, explicó Flores.

No obstante, cuando comenzaban a consolidar su recuperación, el Estado provincial dispuso la reversión de la concesión y transfirió la distribución de agua y el servicio cloacal a la empresa estatal Sameep. La medida, implementada aproximadamente en agosto, abrió un conflicto por la utilización de instalaciones, terrenos, bombas y equipamientos que pertenecen a la Cooperativa.

El reclamo de sus integrantes no se centra en la prestación de los servicios públicos, sino en la recuperación de los bienes propios o el reconocimiento económico correspondiente: “Nosotros no discutimos la distribución del agua porque es potestad del Estado. Lo que nosotros peleamos es por los bienes de la Cooperativa”, sostuvo el dirigente.

Reconversión laboral y reclamo judicial

Entre los activos afectados se encuentran terrenos destinados al tratamiento de efluentes, instalaciones de bombeo y otras propiedades adquiridas durante décadas de trabajo. Según detalló el vicepresidente, cuentan con 24 manzanas destinadas a tareas de saneamiento y otras 24 hectáreas linderas, además de documentación y títulos de propiedad. Por ese motivo, iniciaron presentaciones judiciales para reclamar la restitución de sus bienes o una indemnización por los daños ocasionados.

A pesar de haber perdido la prestación de agua potable y cloacas, la Cooperativa continúa funcionando y sostiene a sus 15 empleados mediante la reconversión de sus actividades. Actualmente realiza trabajos particulares de instalación y montaje de tanques de agua, reparación de cañerías domiciliarias y comercialización de botellones de 20 litros. Además, proyecta inaugurar su propia planta de envasado de agua.

“Seguimos adelante y seguimos sosteniendo a pesar de todo a estos 15 empleados con familia, con hijos e hijas que en algunos casos tienen algún grado de discapacidad. El Estado no pensó en esa gente”, manifestó el referente.

Otro de los proyectos que quedó interrumpido fue la instalación de una planta potabilizadora que permitiría ampliar la disponibilidad de agua para Puerto Tirol. La iniciativa, que contemplaba producir el recurso para abastecer a unas 20.000 personas, se encontraba en una etapa avanzada de negociación con una empresa privada y buscaba anticiparse a las dificultades de abastecimiento que afectan a la región chaqueña.

Mientras continúa el proceso judicial, buscan defender el patrimonio construido durante cuatro décadas y mantener sus fuentes laborales: “No podemos destruir toda una vida de trabajo de un montón de gente que pensó en la comunidad”, concluyó Flores.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista realizada en el programa Tendencias, en Radio Argentina (Resistencia, Chaco).