El pedido fue dado a conocer por diferentes organizaciones que demandan la inclusión de la representación del sector.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (Fecofe) y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian irregularidades en la conformación del órgano máximo del organismo estatal.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo de investigación que opera de forma dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. Su máximo nivel de decisión es el Consejo Directivo, que está regido por los cargos de presidente y vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esos roles son ejercidos por Susana Mirassou y Tomás Schlichter, respectivamente.

Además, y con el espíritu de garantizar una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional y el control de su accionar, el Consejo está integrado por un cuerpo colegiado de cinco representantes del sector público -en este momento universidades, el Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo Nacional- y cinco del sector privado.

Actualmente, los cinco lugares ocupados por las entidades privadas representan al mismo sector del campo: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, queda afuera el 65% de los establecimientos agropecuarios del país, que forman parte de la Agricultura Familiar y Campesina.

Este colectivo, heterogéneo y plural, ocupa el 13% de las tierras cultivadas, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural, según datos brindados por el mismo INTA. El sector es el principal productor de alimentos saludables para el mercado interno y se proyecta como una salida del hambre, hacia una Soberanía Alimentaria enmarcada en el rol estratégico en el marco de políticas públicas acertadas.

Las organizaciones denunciantes plantean que “ la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y hasta la propia ley de creación del INTA están siendo vulnerados al mantenerse esta discriminación hacia las y los pequeños productores”.

Así, finalizan diciendo: “Desde la UTT, la Fecofe y el MNCI Somos Tierra demandamos la inclusión de la representación del sector en el Consejo Directivo del INTA”.