Debido a la no expropiación por parte del estado provincial rionegrino, una fábrica recuperada debe afrontar una demanda por desalojo impulsada por un privado.

Los 38 trabajadores de la Cooperativa de Trabajo 1 de Mayo Limitada son los encargados de gestionar un aserradero en General Roca hace más de 11 años. La Cooperativa se encuentra inscripta en el registro de la Ley 4863, de Régimen de Protección y Promoción Económica y Social de Empresas Recuperadas. Es decir, es un bien social y está protegido de ser desalojado y embargado.

La organización se constituyó el 1 de mayo del año 2010, y el 14 de diciembre del mismo año, logró realizar la inscripción en su órgano de aplicación y control: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El presidente de la Cooperativa, Omar Carrasco, recordó la historia de lucha para luego adentrarse en la problemática que están viviendo: “El vaciamiento comenzó en 2009. El dueño de lo que entonces era Embalajes S.A. dejó de pagar salarios, aguinaldos y vacaciones. A finales de 2009, un día aparece, cierra las puertas de la empresa y se va. Nos dijo, ´no les voy a pagar, hagan lo que quieran´. Ahí agarró el auto, se fue y nunca más volvió. En ese momento comenzamos a trabajar y estuvimos 3 meses hasta poder ganar un peso”.

Asimismo, relató: “En 2010, logramos inscribir en el INAES la Cooperativa, en el 2012 la provincia de Río Negro declara la ley de utilidad pública, en 2014 lo mismo en General Roca. En 2015, el entonces gobernador Alberto Weretilneck firmó una ley de expropiación (5.031), por lo cual pasan los bienes de Embalajes S.A. a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo. Aunque, finalmente, el gobierno provincial no cumplió en regularizar la ley”.

“En 2016 aparece Jorge López, un financista de General Roca que es testaferro de varios políticos de acá, presentando un boleto de compra venta diciendo que es el dueño de la tierra. La Cámara de Apelaciones (en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería) de General Roca le da lugar a su reclamo, cuando tuvimos un juicio en 2016 con la jueza María del Carmen Villalba que ya había fallado que no presentaba los papeles adecuados para reclamar las tierras. El nuevo juez, Darío Soto, le dio lugar al pedido de López diciendo que nosotros estamos usurpando las tierras cuando hay una ley de utilidad pública que nos avala”, denunció Carrasco.

El estado al servicio de…

Hoy, debido a la no expropiación por parte del Estado, la Cooperativa debe afrontar una demanda por desalojo que es impulsada por un privado.

Para sumar más hechos de amedrentamiento, la Policía Federal realizó un allanamiento semanas atrás en lo que los trabajadores interpretan como un “apriete”. “Vinieron con armas en la mano, pidiendo documentos, sacando fotos. El argumento fue que habíamos roto los protocolos por Covid-19, cosa que no era cierta. No le tomaron la temperatura a nadie, no hicieron listados, ni nada que tenga que ver el Covid. Cuando se fueron le pedimos constancia del procedimiento y nos respondieron que no porque la Policía no deja constancia”, relató Carrasco.

Un mes atrás, la Cooperativa 1 de Mayo realizó una denuncia al ex Gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, por incumplimiento de la Ley de expropiación, no obstante, el dictamen terminó en su sobreseimiento. “Se hizo una Ley de expropiación y no se cumplió: sigue firme la idea del desalojo hasta ahora. La Justicia de Río Negro realizó un dictamen en 10 días y dijo que él -Alberto Weretilneck- tiene la decisión de hacerla cumplir o no, y yo me pregunto, ¿para qué está la Legislatura sino?”, cuestionó Carrasco.

También el presidente de la Cooperativa se refirió a la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras: “El jueves pasado me escribió un mensaje diciendo que no entendía lo que reclamamos. Es raro porque ella fue una de las que firmó la ley de expropiación como legisladora”. Vale destacar que en el proceso, la Cooperativa 1° de Mayo tuvo el acompañamiento de gremios de la región y el apoyo de Eduardo Murúa, Director Nacional de Empresas Recuperadas que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, Carrasco pidió: “Queremos que se cumpla la ley, ¿qué nos queda si no se cumple? Está en peligro la comida de 38 familias que integran la Cooperativa”.

Un financista que aparece de un día para el otro con un boleto de compraventa, un Poder Judicial que toma el reclamo y autoridades políticas que parecen avalar la maniobra. Esa es la situación que enfrenta la Cooperativa 1 de Mayo de General Roca, que resiste una orden de desalojo tras más de 11 años de actividad y una ley de utilidad pública que avala el funcionamiento de la Cooperativa.