En la audiencia pública que discute las “actualizaciones transitorias” de las tarifas para el transporte de gas y para la distribución, el sector de la subdistribución disparó duras críticas a las políticas regulatorias del Estado Nacional, tanto para el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como para la Secretaría de Energía de la Nación.

Cooperativas, mutuales y sociedades bajo el formato de Sapem de municipios y comunas conforman este subsector. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Asistenciales, Vivienda y Crédito Setúbal Limitada es un subdistribuidor de la distribuidora Litoral Gas SA.

La titular de esa organización cooperativa santafesina, María Victoria Noriega, habló en representación de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (Fesubgas). Son quince cooperativas santafesinas de ese y otros servicios que la integran.

A la expositora santafesina (esta vez fue la única de la provincia en hablar en la audiencia pública) no le alcanzaron los 10 minutos que le concedió Enargas, la organizadora del debate, que en buena medida fue el blanco de sus críticas.

En síntesis, explicó que un cambio de fondo en la regulación en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, no se ha cambiado “hasta ahora”, que básicamente encarece sus costos al punto de que ha significado una baja en las utilidades para la subdistribución del gas de un 45%. Mostró la desproporción de los intereses que las distribuidoras (por reglamento) aplican a las sub cuando se atrasan en sus pagos respecto de los que (por igual norma) se puede cobrar a los usuarios finales, y como novedad explicó que también la reglamentación de la ley que fija subsidios para la zona fría los perjudica al no haber contemplado el tiempo en que demoran las acreditaciones de fondos de la Secretaría de Energía: cooperativas, mutuales y empresas municipales y comunales deben pagar a los 45 días lo que el Estado las compensa recién a los 60 en promedio.

Las cooperativas, comunas y municipios surgieron en tiempos de Gas del Estado, ante la evidencia de que el sector público nacional no llegaría a las 200 localidades que eligieron tener sus propios servicios de gas natural por redes. Son anteriores a las privatizaciones del peronismo en los ’90. Con las concesiones de esa década, que dividió al gas en producción, transporte y distribución, se creó la figura del subdistribuidor. Hoy de los 9 millones de argentinos que gozan del gas por redes 500 mil cuentan con subdistribuidores que son formas típicas de la llamada economía social.

Un panorama de flujos de fondos negativos por falta de tarifas (una queja compartida con las distribuidoras) y otros problemas específicos del sector fueron el eje de la exposición que insistió en advertir que todos los números del subsector son públicos como públicas son las políticas del gobierno nacional y sus regulaciones que los perjudican.

Noriega expresó que “el colectivo de las subdistribuidoras está afectado por regulaciones y las soluciones deben provenir también de Enargas”, apuntó.

“Tenemos el mismo objeto que las empresas distribuidoras de gas, pero no hemos recibido hasta ahora la misma atención, ni económica ni financiera”, comparó. “Hemos sido rehenes de políticas públicas que, a diferencia de lo que ha sucedido con las distribuidoras, han afectado de manera alarmante nuestra posibilidad de sostenimiento”, sostuvo.

Señaló “las asimetrías que tenemos con las distribuidoras, la falta de acceso al financiamiento, y un alto endeudamiento” que se deben a “las políticas regulatorias tarifarias que nos afectan”, además de los problemas comunes a la economía del país.

Duro golpe sin solución

Explicó que “la génesis de la insuficiencia de fondos para las subsdistribuidoras ocurre en diciembre de 2016, cuando se reemplaza el precio del gas que era igual a un R1 (como un usuario residencial), por el denominado mecanismo ‘pass through’ con un precio más elevado”. Enargas no realizó en ese momento ningún análisis económico sobre la razonabilidad económica de esa decisión. No se estudiaron los ingresos y egresos de los subdistribuidores, incluyendo los costos financieros, para determinar si era sostenible ese nuevo precio. Y el margen bruto de las subdistribuidoras pasó a atender sus gastos operativos y disminuyó en sus inversiones de capital. Entre octubre de 2016 y abril de 2017 disminuyó en un 45% sus ingresos. Y desde entonces esa tendencia es alarmante”, dijo al extender sus críticas al gobierno anterior y al actual.

Además del grave cuadro descripto, “por las tarifas aprobadas por la Revisión Tarifaria Integral, la situación de las subsdistribuidoras también empeoró por el endeudamiento provocado por otra regulación de Enargas: el período

que transcurre entre que las subdistribuidoras tenemos que pagar a los distribuidores la factura y el tiempo en que los subdistribuidores logramos recuperar lo facturado a sus usuarios finales”.

Fuente: El Litoral.