Las demoras gubernamentales afectan la construcción de viviendas

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Desde la comunidad paranaense esperan respuestas de los organismos provincial y nacional.

Vicoer Limitada Cooperativa de Vivienda, Consumos, Servicios Sociales y Créditos Limitada (Vicoer) realizó un informe sobre sus últimas actividades.

Entre ellas explicó su rol en las operatorias de vivienda social financiadas por el Estado, como las que llevan a cabo en las 167 viviendas de la ciudad de Paraná,

Allí Vicoer como entidad intermedia, aporta la tierra “cruda”, precalifica y organiza la demanda, desarrolla los anteproyectos de urbanización y gestiona las factibilidades o permisos municipales.

Luego de varias gestiones y con el aval del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) entrerriano, la Cooperativa promueve la iniciativa e incorpora a los interesados coma pre adjudicatarios financiándoles el costo de la tierra “cruda”.

El IAPV, mediante financiamiento nacional y a veces provincial, financia y licita las obras de infraestructura para urbanizar la tierra y poder obtener los lotes y la construcción de las viviendas, siendo único actor con la potestad de inspeccionar y auditar las obras.

Por lo que es importante aclarar, que Vicoer no construye ni audita.

Los preadjudicatarios en etapa de cofinanciamiento solo realizan aportes económicos para cubrir el costo de la tierra sin urbanizar. Una vez construidas las viviendas y realizadas las obras de infraestructura y donadas las calles y espacios públicos -urbanización- abonan a largo plazo las cuotas de su nueva propiedad en carácter de adjudicatarios.

“En este proyecto concreto, que tiene el triste récord de ser el que ha resultado con más espera para sus adjudicatarios, al igual que en las más de 2.500 viviendas que Vicoer lleva ejecutadas en la provincia a lo largo de 35 años, la Cooperativa adquirió la tierra solo una vez que tuvo el ok técnico de la municipalidad y del IAPV”, señalaron desde la entidad cooperativa.

Y luego profundizaron: “Una sucesión de situaciones ajenas a la Cooperativa, han producido una lamentable dilación para que nuestros asociados puedan llegar a su vivienda, acarreando además un cúmulo de costos extras que golpean fuerte la economía de una institución que no persigue lucro y un daño reputacional inmerecido”.

“En este tiempo cambiaron muchas veces los gobiernos y muchas más los funcionarios, las normativas y los programas habitacionales exigiendo nuevos estudios y requerimientos a presentar. Todos y cada uno de esos cambios de reglas de juego fueron cumplidos por la Cooperativa realizando un enorme esfuerzo”, explicaron.

“Tenemos nuestra esperanza puesta en que la nueva gestión del IAPV, con renovada energía, logre convencer a las autoridades nacionales para priorizar a este grupo de familias. Sería un claro acto de justicia”, concluyeron.

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