Según el diario mendocino Los Andes, ese es el número de cooperativas que daría de baja el organismo nacional en caso de continuar con un procedimiento administrativo.

En Mendoza hay más de 500 cooperativas en riesgo, entre las que iniciaron el trámite de actualización de datos ordenado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES) a mediados de 2018 y todavía no lo pudieron completar y aquellas que nunca se registraron en la plataforma de Trámites a Distancia. “En Mendoza, de las 1.000 cooperativas activas, 700 poseen matricula nacional y las 300 restantes están en proceso o no la han tramitado. De esas 700, han completado el trámite de re empadronamiento y creación del registro multipropósito el 60%”, explicó Gustavo Calle, director provincial de Asociativismo y Cooperativas.

Como se publicó en varias ocasiones en El Portal de las Cooperativas, la Resolución 2432/2018 estableció que cooperativas y mutuales, previo a efectuar presentaciones ante INAES debían haber dado cumplimiento con el proceso de actualización nacional de datos. “Con esta información, lo que se hace es crear lo que ellos denominan un legajo multipropósito, que no es más que la historia clínica de los organismos (balances, estatutos, reglamentos, autoridades)”, comentó Calle.

Leer más en Difunden listado de cooperativas y mutuales vigentes y suspendidas.

El funcionario convocó a que las entidades regularicen su situación: El proceso está abierto. Entran a la página de la AFIP con la clave fiscal de quien esté vinculado a la cooperativa (generalmente es el presidente), y seleccionan ‘Trámites a Distancia’ y ahí suben toda la información (escaneo de actas y estatutos). Principalmente las que tienen actividades financieras, o que realizan préstamos, vienen desde hace tiempo utilizando esta modalidad”.

De acuerdo con el director de Asociativismo y Cooperativas, si la entidad no cumple se le retira la matrícula y después de un tiempo se le realiza un sumario.

De acuerdo con Calle, ambas resoluciones responden a un a necesidad de contar con información estadística prolija y ver qué entidades funcionan y cuáles no. “Se busca no generarle un prejuicio a los asociados de las cooperativas, porque se trata de una persona jurídica, estatutariamente obligada a cumplir obligaciones”, explicó el funcionario.

Fuente: Los Andes.