El panel estuvo conformado por Darío Martínez, secundado por su subsecretario Federico Basualdo, y los referentes del cooperativismo de Servicios Públicos argentino, a saber: el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE), José Bernardo Álvarez; el presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada (Conaice), Luis Castillo; y el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), Carlos Ciapponi.
En este contexto propicio de evaluación se adelantaron los conceptos fundantes de un documento que propondrá FACE al sector cooperativo eléctrico, con un diagnóstico y propuestas de salida del cuello de botella financiero en que se encuentra el sistema eléctrico argentino.
En línea con lo sostenido en una entrevista radial reciente (leer más “Las cooperativas se ocupan de lo que nadie se quiere ocupar”), el máximo funcionario nacional de la Secretaría de Energía se refirió a que “tenemos que sanear el sistema eléctrico. Vamos a trabajar en la Tarifa Social y en subsidios eficientes”.
De acuerdo a una reciente publicación digital, la Federación FACE plantea la diferenciación entre la necesidad y la demanda de un servicio público, en este caso el eléctrico: “La determinación responsable de precios, no solo debe brindar claridad, confianza y una rentabilidad razonable a las empresas de la cadena generación, transporte y distribución, sino que también debe llegarle al usuario a un precio compatible con su derecho humano al acceso de un servicio público. La diferencia de costos entre estas dos posiciones la debe zanjar el Estado, ocupándose de reducir esa brecha”.
Señalan desde la entidad que “ya no se puede considerar a toda la necesidad de la energía como demanda, por lo tanto, se debe separar aquella necesidad de energía que no puede ser satisfecha mediante la adquisición del bien, previo pago de un precio para logra de esta forma una determinación adecuada de subsidios y su eficiente asignación a quienes los requieren, de forma tal de asegurar el derecho a la energía de aquellos que no pueden pagarla”.
Siguiendo la idea, la Federación señala que “la demanda, que es la porción que puede pagar la energía, debe hacerlo a precios justos y razonables tal como establece la ley. Esta separación del mercado permitirá la asignación de recursos a la tarifa social”.
“Una apreciación particular se debe tener en cuenta para el cálculo de las tarifas que se aplican a la demanda que puede pagar, ya que el precio debe ser convalidado por la capacidad de pago de los clientes y es acá donde hay que ingresar en las particularidades de la emergencia”, plantean en FACE.
Esto “permite pensar en remunerar solo los costos imprescindibles para la prestación del servicio o sea mano de obra de operación y mantenimiento, materiales para el servicio, combustible, gestión administrativa y pago del financiamiento del capital solamente en aquellos casos donde el costo de diferimiento sea más oneroso que la postergación, dejando para más adelante la remuneración del capital inmovilizado y su amortización”.
En esta reunión de intercambio se destacó el crecimiento de las cooperativas, que inicialmente sólo prestaban el servicio de electricidad en las zonas rurales y con el tiempo se fueron expandiendo y sumando muchos otros servicios a sus asociados.
“Pensamos en nuestros cooperados, en nuestros socios, no sólo en la energía eléctrica”, sostuvo Álvarez como anfitrión.
En la misma línea el presidente de Conaice, Luis Castillo, señaló: “Los que nacimos como cooperativas eléctricas, fuimos sumando más servicios”. Respecto al futuro del sector, el cooperativista apuntó que “tenemos recursos humanos muy capaces. Si nos organizamos podemos cumplir el sueño de ser una gran dinamizadora de la economía social”.
Fuente: Prensa CALF.
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