En la reunión mensual de la Federación FACE, las entidades acordaron distintas acciones que requerirán apoyo de los gobiernos provinciales.

El Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE) trató diversas cuestiones que están afectando seriamente la gestión de las comunidades del interior de nuestro país en las localidades en las que los vecinos y las vecinas se autoprestan distintos servicios públicos y sociales.

El más significativo tiene que ver con el tarifazo dispuesto por el gobierno nacional en materia de energía eléctrica, que es resistido por varias cooperativas con el argumento cierto de que muchas personas no podrán abonarlo.

A diferencia del servicio de gas natural -es creciente la cantidad de familias que se ha visto obligada a retirar sus medidores domiciliarios por el aumento desmedido del fluido-, la electricidad es un bien esencial para el desarrollo humano y su carencia afecta severamente la calidad de vida de las personas.

Por ello, las cooperativas asociadas a FACE insistieron ante la la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que desista del aumento tarifario en la magnitud dispuesto, y que establezca planes de pago para aquellas entidades que se encuentran en mora con la distribuidora.

Justamente, la deuda de las cooperativas surge en la mayoría de los casos de la aplicación inmediata de los aumentos por parte de la mayorista, mientras que los gobiernos provinciales y municipales que deben homologar las tarifas siguen otros tiempos administrativos, generando un severo desfasaje entre el precio de compra y el venta.

Otro punto abordado fue la Resolución 3442/2018 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), que obliga a las cooperativas a desdoblar la facturación de distintos servicios sociales del de la electricidad. Al respecto, en declaraciones periodísticas, el secretario de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda. (Calf ), Darío Lucca, dio a conocer el rechazo generalizado de las 350 entidades asociadas a FACE de esa medida. “No tienen injerencias ni jurisdicción para determinar esa cuestión”, expresó.

En la Provincia de La Pampa, por caso, la Administración Provincial de Energía (APE) generó los mecanismos burocráticos para que las entidades den continuidad a sus administraciones tal como lo venían haciendo desde hace décadas