Los 130 integrantes de 32 comunidades indígenas de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, luego de cuatro días de acampe con carpas azules, colchones, abrigos y banderas en Plaza de Mayo, se llevaron una serie de compromisos tras haber mantenido reuniones con diferentes despachos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, Diversidades y Géneros.

Ya de regreso a sus territorios comienza una etapa de informes y relevamientos porque las demandas son muy variadas, van desde el acceso a la tierra y a los dominios de las comunidades contemplados en la Ley de Reparación Histórica a los Pueblos Originarios hasta el acceso al agua, tanto potable como para la producción, pasando por la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.

Los pueblos wichi, toba, mocoví y guaraní -representados por las comunidades de Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa El Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle. Molinos, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, entre otras- exigían el reconocimiento y derecho de gestión de sus territorios ancestrales, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra, un Estado Plurinacional y Plurilingüe. También reclamaban el acceso a la justicia, sin acciones discriminatorias y cese de la violencia sobre mujeres y niñas.

“Se olvidan que el pueblo indígena está sufriendo, nuestros niños están desnutridos, nos dicen que somos usurpadores, sin embargo somos los dueños de las tierras, nacimos acá y somos el pueblo originario”, dijo Anselmo Rojas, del pueblo qom del Impenetrable chaqueño.

Rojas mencionó que la policía persigue y tortura a chicos, tanto indígenas como criollos, los detiene sin causa por reclamar por la tierra en la zona de Pompeya y Miraflores. “No pueden andar tranquilos por la vía pública, necesitamos que intervenga el ministro de Justicia”, agregó.

Al mismo tiempo, denunció que de las 10 mil hectáreas que correspondían a su comunidad “prácticamente nos dejaron sin nada, sin título de propiedad”. Eran sus primeras palabras luego de un viaje de treinta horas, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedarían respondía que “hasta que haya respuestas”.

El acampe fue organizado con la finalidad de insistir en que el Estado nacional, y los gobiernos provinciales, adopten “políticas públicas con perspectiva indígena”, tal como expresaron otros referentes apenas pisaron suelo porteño. “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, recordaron antes de hacer una asamblea.

Fuente: Agencia ANCCom.