Con una movilización en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, las trabajadoras y los trabajadores de la empresa Cresta Roja reclamaron la transformación de la firma en una cooperativa, un proyecto que cuenta con el aval de la justicia desde febrero.

El principal objetivo es anular la última venta a Tres Arroyos y permitir que la empresa avícola sea manejada por empleados y empleadas. Sin embargo, a pesar de lograr un fallo favorable en el proyecto, aún no se puso en marcha la gestión desde el Gobierno Nacional ni desde la Provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el cuerpo laboral de Cresta Roja realizó una movilización en el sur del conurbano, en la que participaron operarios de las plantas de proceso, incubación, granjas y molinos, quienes se habían concentrado previamente en la sede de la empresa. También se sumaron ex empleados y empleadas que quedaron fuera de la reapertura, luego de la supuesta reactivación posterior al 2016.

“No tuvimos ningún contacto con funcionarios, seguimos esperando alguna respuesta a los reclamos”, dijo el vocero de las y los trabajadores, Carlos Stasiuk, y aseguró que “seguimos buscando una solución al conflicto, pero por ahora no hay un canal de negociación, por eso nos movilizamos”. Según afirman, con el proyecto se podrían “salvar miles de puestos de trabajo”, que por el momento se mantienen en suspenso. “Los compañeros sobrevivieron haciendo changas, trabajando algunas horas, pero nuestra propuesta es para terminar con esta penuria”, agregó.

Una empresa dirigida por sus trabajadores y trabajadoras

La propuesta fue realizada con apoyo del director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, y con aval de varios referentes del gremialismo y la CGT, como Pablo Moyano. Además, contempla que uno de los dueños de la empresa hasta 2015, Melenko Rasic, sea incorporado como CEO de la futura producción.

En febrero de este año, la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de las y los trabajadores que impulsaron esta cooperativa, e incluso pidió a la Cámara de Apelaciones que declare la nulidad de la venta de la empresa avícola realizada durante el macrismo. A su vez, libró oficios para que los ex funcionarios macristas que participaron en las negociaciones “sean investigados por su presunto aprovechamiento de la situación en la que se encontraba la empresa a principios de 2016”.

Según la denuncia respaldad por la fiscal, la venta entre Tres Arroyos y Proteinsa se hizo a pesar de que una serie de condiciones y circunstancias nunca se cumplieron. Entre ellos, estuvo el compromiso de pagar el cien por ciento de los salarios e indemnizaciones adeudadas y la garantía de que quienes estaban trabajando, en aquel momento, ya ocurridos despidos iniciales, no serían desvinculados.

A cinco meses que la justicia diera el aval al nuevo proyecto y confirmara que se investiga la venta irregular de Proteinsa, un grupo integrado por las firmas Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Laclau y que prometió desembolsar 121 millones de dólares, a Tres Arroyos, que también llegó con propuestas de reinversión. Pero ninguno de los dos gerenciamientos logró salvar la crisis que afecta a las y los trabajadores.

Fuente: Diego Lanese para Política del Sur.