El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó una propuesta de contenidos curriculares de cooperativas y Mutuales para las carreras de Abogacía y Contador Público Nacional.

Por Acuerdos Plenarios del Consejo de Universidades N° 146 y N°147 del 29 de mayo de 017, se establecieron estándares básicos de aplicación en las carreras de Abogacía y Contador Público -contenidos mínimos, carga horaria mínima y formación práctica-, aprobados luego por Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación 3401/17 y 3400/17, respectivamente.

De tal modo, a partir de la suscripción de las correspondientes resoluciones ministeriales, en las carreras de Abogacía y Contador Público, todas las universidades argentinas deberán incorporar en cada plan de estudio, contenidos sobre Cooperativas y Mutuales, por ser considerados esenciales para la formación de dichos profesionales.

En lo que refiere a la carrera de Abogacía, en el área “Privado”, “Personas Jurídicas Civiles y Comerciales”, se incorporaron los componentes: Sociedades; Asociaciones Civiles y Fundaciones, Cooperativas y Mutuales. En la carrera de Contador Público, los contenidos “Cooperativas y Mutuales” constan en el Área Temática “Jurídica”, como contenido separado de Sociedades y Asociaciones Civiles.

Este logro se enmarca en las acciones que la Secretaría de Políticas Universitarias viene desarrollando a través del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad.

Fundamentación
Los profesionales universitarios argentinos, en este caso Contadores Públicos Nacionales y Abogados, requieren poseer conocimiento específicos que implican aspectos técnicos de organización, gestión administrativa y contable, impositiva y legal sobre este tipo de empresas que en general, han sido soslayadas de las currículas de las carreras universitarias.

Asimismo, la gestión de cooperativas y mutuales implica también la comprensión de los fundamentos filosófico-económicos que conllevan el respeto a la libertad de asociación, a la dignidad de las personas, la empresa con función social en la que la satisfacción de necesidades y prestación de servicios a las personas es el objeto; la persona asociada es la depositaria de la decisión y no el capital, la asociación solidaria que permite la construcción de empresas sostenibles, la participación como escuela para el bien común que trasciende el ámbito empresario, la subsidiaridad estatal y la reciprocidad en los intercambios, el desarrollo comunitario, regional y nacional, el compromiso social y el cuidado del medioambiente, entre otros temas identitarios propios.

El cooperativismo y el mutualismo, como iniciativas de la Economía Social Solidaria, tienen relevancia desde fines del siglo XIX, tanto a nivel mundial, como en nuestro país, alcanzando un grado de desarrollo y participación en la producción-servicios y en la generación de empleo de calidad muy significativa.

Las primeras experiencias en Argentina fueron encabezadas por cooperativas de consumo, con la primera Cooperativa de Consumo creada en Paraná, provincia de Entre Ríos en el año 1857 y la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires fundada en 1875. También las cooperativas de créditos comienzan con Banco Popular Argentino en 1887, y de seguros con Sociedad Cooperativa de Seguros El Progreso Agrícola de Pigüe, provincia de Buenos Aires en 1898. En el año 1918, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el “I Congreso Argentino de la Mutualidad”, del cual surgió el proyecto de ley orgánica de mutualidad.

Con más de un siglo de historia, ha experimentado un significativo desarrollo tanto cuantitativo (cantidad de entidades y asociados, contribución Producto Nacional, etc.) como cualitativo en los sectores de servicios públicos, agropecuarios, de ahorro y crédito, de consumo, de trabajo, de vivienda, entre otros.

Números
Según información del INAES en el segundo trimestre del 2018 sobre un total de 29.840 cooperativas vigentes, 14.668 son cooperativas tradicionales y 15.172 son cooperativas de programas sociales. El 55,9% de las cooperativas tradicionales son de trabajo, y las de programas sociales, son de trabajo en su totalidad. Asimismo, con respecto a las mutuales, la información del INAES indica que para el mismo período de 2018 estaban vigentes 4.896 entidades.

Por su parte, es necesario destacar que el cooperativismo agropecuario a través de sus 1.000 entidades orientadas especialmente a los productores de pequeñas y medianas dimensiones, representa el 4% del PBI, el 25% de la producción nacional y el 18% de su comercialización.

El nuevo ordenamiento jurídico argentino tuvo algunas modificaciones relevantes, de las cuales destacamos la reforma a la Ley nº 24.522 de Concursos y Quiebra cuya modificación en el año 2011 incorpora la posibilidad de salvataje y recuperación de empresas y fábricas en crisis mediante la conformación de una cooperativa de trabajo. A su vez los recientes cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación hacen expresa mención a las particularidades jurídicas de estos entes.

En el mismo sentido la Ley Nacional de Educación nº 26.206, establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de los valores y principios cooperativos y mutuales en todo el sistema educativo.

Esta medida expresa, además, la posibilidad de que las formas cooperativas den respuestas no en forma supletoria sino como estructuras transicionales allí donde otras formas de organización basadas en el lucro no garantizan la inclusión y la cohesión social.

Fuente: Prensa INAES.