El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el argentino Ariel Guarco, puso de relevancia el peso específico de 400 empresas cooperativas que funcionan en el país a partir de la recuperación de empresas fallidas.

Este formato autogestivo surge por la propia iniciativa de los empleados y empleadas, para conservar sus puestos de trabajo en una empresa que entró en quiebra, se vacío y/o se abandonó, entre otras causas.

Este modelo de “rescate” comenzó a fines de los años 90 y tuvo su auge entre 2001-2003, en un contexto de inflación, devaluación y desempleo, y a lo largo de estos treinta años se expandió, se visibilizó y logró que se aprueben marcos normativos que refuercen este sector y sus condiciones laborales.

Al principio se trató de empresas metalúrgicas pero con el tiempo también surgieron empresas de alimentos, gastronomía, construcción, imprentas y textil, entre otros rubros.

Este aumento y la necesidad de las personas de rescatar sus puestos de trabajo, exigieron que el Estado reconozca y a la vez actúe sobre estas situaciones.

En 1996 se creó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales, impulsando la reconversión empresarial y el desarrollo de las economías regionales.

Una de las acciones a destacar de este organismo fue la creación -en diciembre de 2019- de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que hoy está a cargo del dirigente Eduardo “Vasco” Murúa.

El objetivo es darle visibilidad, sistematización y legalidad a un sector de la economía popular que contaba con gran legitimidad social, pero con escasas políticas públicas.

Otra de las medidas más recientes es el lanzamiento del programa Renacer a fines de mayo de 2022, que permite registrar las Cooperativas de trabajo y sus condiciones, siendo una herramienta que permite el desarrollo de políticas del sector.

Por último, a mediados de agosto de ese mismo año, el INAES creó la Unidad de Empresas Recuperadas con el fin de elaborar proyectos tendientes al dictado de legislación y normativa como también políticas públicas focalizadas.

Por ello, para este año, Guarco afirmó que el objetivo es poder avanzar en agendas conjuntas con otros actores sociales para que las fuerzas políticas tomen esto como “desafíos en los que estamos trabajando desde hace varios meses, y esperamos concretar en lo que queda de este año”, concluyó.

Fuente: Agencia Télam.