La suba en el precio mayorista de la energía, dispuesto por Cammesa, y en el precio del transporte, se suman a los cargos impositivos que incluyen provincias y municipios. Solamente el primer ítem sufrió un alza del 977 por ciento en los últimos dos años.

Las 600 cooperativas de localidades del Interior que envían la factura por el servicio de distribución de energía eléctrica a sus asociados están afrontando la bronca y la menor capacidad de pago por los incrementos.

Al usuario final le llega un fortísimo incremento, al cual se debe sumar lo que cobra su cooperativa en tanto distribuidora propia en la localidad. Precisamente, por ser entidades formadas por vecinos y vecinas asociados para mejorar las condiciones del servicio, están afrontando de manera abierta las protestas de gran parte de la ciudadanía. Tanto usuarios comerciales como residenciales pusieron el grito en el cielo ante subas del 600 por ciento o más y mucho, incluso, dejaron de pagar.

En los últimos días, la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) expresó su “preocupación y necesidad de revisión de los actos administrativos nacionales y provinciales” que configuraron este escenario.

“La política de reducción de subsidios e incremento de tarifas de los servicios públicos esenciales mejoró la solvencia económica de las empresas de generación y transporte de energía eléctrica pero, al mismo tiempo, afectó la capacidad de pago de los ciudadanos, incluyendo aquellos asociados a las cooperativas, encargadas de la distribución del recurso en más de 600 localidades de todo el país”, subrayó la Confederación.

Bajar la carga tributaria no es la solución

El Poder Ejecutivo Nacional enviará en las próximas horas un proyecto de ley para modificar los gravámenes en las provincias y los municipios, de manera que las facturas solamente carguen lo correspondiente al servicio.

De acuerdo al texto propuesto por el Gobierno, las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiera. Explicita, además, que “no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto”.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue la primera en atender la iniciativa de la Casa Rosada y eliminó tributos provinciales que se incluyen dentro de la facturación de las distribuidoras domiciliarias, tal como el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y el Fondo Especial para Grandes Obras. No obstante, también acusó a las cooperativas de realizar “cargas indebidas” en la facturación.

Ahora bien, según el economista Raúl Delatorre, en la Provincia de Buenos Aires el agua aumentó un 1000% y la gobernadora María Eugenia Vidal anunció en conferencia de prensa la quita de impuestos del 15,5% -en promedio-; el gas aumentó un 1300% y la rebaja informada es del 6,3% -en promedio-; en tanto la energía eléctrica se incrementó en montos superiores al 1500% y la promesa de la gobernadora es de una rebaja del 6,2%.

Aún dejando de lado cualquier análisis respecto de lo irrisorio de los porcentuales hacia arriba y hacia abajo, el gobierno de Cambiemos vuelve a aplicar su marca de fuego como cuando entre sus primeras medidas de gestión se redujeron los impuestos al sector agropecuario exportador, al sector minero transnacional o al sector económico que blanqueó capitales evadidos en sus prácticas habituales.

Claramente, el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal no trae alivio sobre los bonaerenses ya que su propuesta de reducción de recaudación de impuestos indexados a los servicios públicos impactará de lleno en la gestión social -educación, salud, seguridad, vivienda-, merecedora de los recortes presupuestarios cuando se reducen los ingresos.

La comunidad gestiona la comunidad

“Las cooperativas somos quienes atendemos la demanda porque somos los propios vecinos quienes las administramos y nos vemos obligados a poner la cara para justificar estos valores, cuando estos precios los establecen el Estado Nacional cuando fija los valores de compra y el Estado Provincial, de la venta”, aclaró Omar Malondra, presidente de la Confederación de Cooperativas de Electricidad (Conaice).

“En algunos casos se está atrasando el pago, es decir, se están dando demoras que nunca hemos tenido. La gente está preocupada y nosotros no sabemos bien cómo responder, porque tenemos un cuadro tarifario y no podemos hacer más que cobrar lo que dice”,  expresó el gerente de la Cooperativa de Electricidad Rural de Adolfo Alsina, Sebastián Murray.

La situación se replica, en líneas generales, en todas las provincias. El gerente de Energía de la Cooperativa de Trelew, Alfredo Montes, graficó a medios locales: “A la factura que nosotros cobramos hay que agregarle un 30% de impuestos para el sector residencial y un 37% para el sector comercial con impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

El más pesado es el IVA, que es nacional y no será eliminado. “Si antes le llegaba una factura a un residencial de 300 pesos y pagaba 60 de IVA, ahora una factura que llega de 1.000 va a tener que pagar casi 400 pesos de impuestos.”

Días atrás, las regionales de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) también compartieron las situaciones que atraviesan las cooperativas en sus provincias, en la reunión de la Comisión de Política Energética y Tarifaria.

En tanto, en la Cámara de Diputados debatió 29 proyectos de ley presentados para frenar los aumentos, pero el oficialismo ya había anunciado, en la voz del presidente, Mauricio Macri, que no dará lugar a esas iniciativas y que el aumento de las tarifas continuará su cauce como hasta ahora.

En este contexto, emergen los nombres de las grandes firmas ganadoras del nuevo esquema tarifario. Entre ellas, Pampa Energía, que produce el 10% de la electricidad y el 8% del gas del país, ganó el año pasado $ 5.670 millones, mientras que Edenor, distribuidora en la Región Metropolitana de Buenos Aires, embolsó $691,26 millones.

Fuentes: La Gaceta de Cooperar.