La CTA Autónoma de Río Negro volvió a declararse en alerta frente a un posible desalojo contra los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo 1 de Mayo Limitada y llamó a toda la comunidad a defender su fuente de trabajo. A seis meses del inicio del conflicto, todavía no existen avances para lograr una salida definitiva a esta situación y la central obrera denunció la falta de respuestas en las mesas de negociación junto a representantes del gobierno provincial y municipal. El consenso en la mediación fue el traslado de la Cooperativa a otro predio, propuesta que no avanza y el desalojo sigue latente.

Tras la última orden de desalojo emitida por la jueza María del Cármen Villalba, los obreros decidieron ocupar las instalaciones del aserradero con un fuerte respaldo de la CTA Autónoma. Durante el mes de mayo se extendieron las protestas que incluyeron cortes de ruta y piquetes en distintos sectores de la ciudad.

En medio de un callejón sin salida, el gobierno provincial decidió descomprimir la situación y gestionó -a través del Ministerio de Seguridad y Justicia- un cuarto intermedio que derivó en las mediaciones que se fueron desvaneciendo cuando se conoció que el acuerdo de traslado podría demandar una inversión de más de 100 millones de pesos.

El presidente de la Cooperativa, Omar Carrasco, manifestó que “lamentablemente, la gente se pregunta por qué la provincia de Río Negro tiene que pagar el traslado. Queremos explicar que si tienen que afrontar ese gasto es porque no cumplieron con la Ley de Expropiación que ellos mismos aprobaron”, sostuvo.

En 2015, el entonces gobernador Alberto Weretilneck firmó la Ley 5.031 -de expropiación- por lo cual pasan los bienes de Embalajes S.A. a la Cooperativa de Trabajo 1 de Mayo. Finalmente, el gobierno provincial no cumplió en implementar la ley y el financista de General Roca, Jorge López, quien posee las escrituras de propiedad del predio, exige el desalojo.

Y ahora ante el desalojo no dan respuestas en la mesa de diálogo. La provincia no cumplió con lo pactado, ya que tenían que realizar el traslado de los galpones y no lo realizaron porque los presupuestos les parecían muy elevados. “Lo único que ofrecieron es que los trabajadores de la cooperativa seamos quienes desarmemos y armemos los galpones”, dijo Carrasco, y explicó que ese “es un trabajo que ellos no pueden realizar, es un trabajo distinto, nosotros solo sabemos hacer jaulas de madera“.

El presidente de la Cooperativa fue tajante al describir la problemática: “No sabemos qué quieren hacer: el gobierno de Wereltineck hizo una Ley de Expropiación que no cumplió y ahora nosotros estamos peleando contra un desalojo consecuencia de ese incumplimiento”.

Desde que se conoció el monto que demandaría la inversión del traslado de galpones y maquinarias, la mediación que había encarado el Ministerio de Seguridad de la provincia, el municipio de Roca y los integrantes de la Cooperativa 1 de Mayo comenzó a desvanecerse.

‘Si quieren desalojarnos que lo hagan, o bien que nos den una solución. Estamos cansados nosotros también de cortar la ruta. Que mande el desalojo (la jueza María del Carmen Villalba) así se termina todo esto de una buena vez, o bien que busque una solución para ambas partes” expresó el presidente de la Cooperativa.

Carrasco planteó que la mediación no tiene un rumbo fijo porque el gobierno provincial ha ido cambiando de funcionarios en las últimas reuniones con lo cual -a su entender- resulta difícil encarar un proyecto de mudanza de la Cooperativa, y afirmó que “el municipio ya realizó el movimiento de suelo en el Parque Industrial II, donde comprometió la entrega de un predio para que funcione el aserradero”.

Con respecto al avance de la mediación que se realiza por fuera del Poder Judicial, el presidente de la Cooperativa aclaró que “se acordó elaborar un nuevo presupuesto (menor a los 100 millones planteados en un primer momento) de lo que se necesita para el traslado de la planta de trabajo, maquinarias, estructura y material”.