
En Entre Ríos, el diputado provincial Juan Manuel Rossi, junto con otros legisladores de Juntos por Entre Ríos, impulsa un proyecto de ley para establecer un régimen provincial de protección y apoyo a empresas recuperadas por sus trabajadores.
La iniciativa busca responder al cierre de unidades productivas y a la pérdida de empleos, aprovechando la extensa tradición de empresas gestionadas por trabajadores existente en la provincia.
El proyecto tiene dos componentes: el primero consiste “en transformar rápidamente una crisis empresarial -por ejemplo, un concurso preventivo o un proceso de quiebra- en una oportunidad para preservar la producción y los puestos laborales”.
Si existe un grupo mínimo de trabajadores dispuesto a continuar la actividad, podría solicitar una audiencia ante la Secretaría de Trabajo. En coordinación con el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos (Ipcymer), se activaría un protocolo con pasos jurídicos y administrativos para constituir una entidad de trabajo.
El objetivo “es evitar cierres definitivos y superar el vacío normativo que actualmente vuelve muy prolongados y complejos los procesos de transferencia de inmuebles, maquinaria, instalaciones y demás bienes a los trabajadores”.
El caso de Cotapa ejemplifica esta situación: la entidad debió atravesar un extenso proceso judicial antes de obtener la propiedad definitiva de la empresa.
La propuesta abarcaría empresas de distintos sectores, incluidos comercios, radios y otros medios de comunicación. “Una empresa tradicional que esté por cerrar podría ser administrada por una cooperativa formada por sus trabajadores, con asesoramiento del organismo cooperativo y de la Secretaría de Trabajo”, agregó el legislador.
El segundo componente contempla medidas posteriores a la conformación de la entidad. Entre ellas se incluyen “prioridad o tratamiento preferencial temporal en la provisión al Estado, beneficios y acompañamiento en materia impositiva, laboral y de cobertura social, acceso a créditos y mecanismos de garantía crediticia que mejoren las condiciones de financiamiento”.
La continuidad productiva, remarcó Rossi, “requiere algo más que resolver la situación jurídica: las cooperativas necesitan capital para competir, sostenerse y desarrollarse. La prioridad inicial, sin embargo, es preservar las fuentes de trabajo y garantizar que continúen los bienes o servicios que la empresa brinda a la comunidad”.
También destacó la distribución territorial de estas entidades como “otra fortaleza”, porque “a diferencia de empresas multinacionales concentradas en pocos puntos, estas organizaciones están arraigadas en distintas localidades y contribuyen a distribuir empleo y riqueza”.
Rossi describió con preocupación la caída del empleo y de la actividad productiva, la apertura económica, la menor recaudación provincial, la reducción de transferencias nacionales y el retiro del Estado nacional de áreas como infraestructura, educación, salud y obras públicas.
También advirtió que “la automatización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la digitalización podrían profundizar la reducción del empleo, especialmente en países periféricos”.
Frente a esta “tormenta perfecta”, el diputado reclamó construir rápidamente un proyecto nacional amplio, con objetivos claros y perspectiva de futuro.
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