Hay preocupación en la Cooperativa de Vivienda y Consumo Horizonte Ltda. por la insistencia de la Policía Fiscal en obligarla a pagar impuestos por algunos de los ítems de las cuotas que pagan los asociados.

El conflicto que desde hace más de dos años mantienen Cooperativa Horizonte y la Dirección de Policía Fiscal (DPF) no sólo no se resuelve, sino que está recrudeciendo con el paso de los meses.

Desde la entidad indicaron que a pesar de haber avanzado con numerosas reuniones, la DPF -que depende del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba- sigue insistiendo en gravar con Ingresos Brutos algunos de los ítems que la Cooperativa les cobra a los asociados. Algo que consideran fuera de todo marco legal.

Julián Benassi, asesor general e histórica cara visible de la Cooperativa Horizonte, refirió que la Provincia “hace oídos sordos al reclamo” de la Cooperativa “contra toda normativa”. “Pedimos que se valoricen adecuadamente las pruebas con apego a derecho, porque la Policía Fiscal no respeta nada, atemoriza a culpables a inocentes por igual, nos están persiguiendo al querer encuadrarnos cuando somos sujetos no alcanzados, debe archivarse el tema”, expresó.

Benassi contrastó el trato hacia Cooperativa Horizonte con el beneficio que la Provincia le dio a 204 cooperativas eléctricas del interior al eximirlas de pagar Ingresos Brutos sobre la energía. “Nuestros asociados pagan boletas de luz igual de abultadas y ahora les quieren hacer tributar más cosas”, aseveró. “Es la gota que terminó de llenar el vaso porque hay una injusticia social muy grande que queda a la vista”, agregó.

De acuerdo con el referente de la cooperativa, la Provincia quiere enmarcar el reclamo de la entidad “en los tiempos políticos”, en referencia a las elecciones del próximo 12 de mayo. “Los tiempos de los políticos no nos interesan, son tiempos sociales, estamos recibiendo entre 30 y 40 peticiones por mes de asociados para que les bajemos lo que pagan porque viven situaciones extremas, yo no creo que a ellos les interesen en nada los tiempos políticos”, dijo.

En la entidad solidaria entienden que si se cargaran nuevos impuestos se produciría un aumento en el costo de todo el sistema, que al querer imponer Ingresos Brutos en algunos de los ítems de los pagos mensuales de los asociados, van a “abrir la puerta para que la Cooperativa se convierta en una desarrollista de countries, y eso se va a trasladar a los asociados, esto es así”, alertó Benassi.

Historia repetida
Carlos Moro, presidente de la Cooperativa, comparó: “La ley de Presupuesto nacional tiene previsto que las constructoras que lleven adelante planes de viviendas sociales estén exentas de IVA. Esa misma ley, les pide a las provincias que adhieran eximiendo del pago de Ingresos Brutos y Sellos a toda actividad de la construcción que tienda a llevar adelante este tipo de emprendimientos sociales. Esto es un contrasentido”.

La disputa comenzó a fines de 2016 y aún continúa por vías administrativas. Según Cooperativa Horizonte, la DGR ya emitió un documento de “cese” considerando que la entidad no está alcanzada por Ingresos Brutos. Y explica que avanzar ahora es un abuso de autoridad.

La Policía Fiscal dice que la figura de “cese” emitida por Rentas e invocada por Horizonte operó sólo como “una suspensión de obligaciones hasta la verificación de las actividades y los registros contables”.

En febrero, cuando Horizonte denunció que iba a hacer denuncias penales contra los funcionarios provinciales, desde Finanzas explicaron que se determinó que existen deudas impositivas de la cooperativa centradas “en la explotación de servicios al margen de la cuota pura que se cobra a los asociados por la vivienda y cuyo monto continúa exento”.

Desde la entidad hacen hincapié en que lo que se busca es que la Cooperativa sea encuadrada como “no alcanzada” por Ingresos Brutos, es decir, “no contribuyente”. “No se pretende ninguna exención”, dijeron.

“Horizonte no le vende al socio una vivienda, nada de eso. A través de una organización que todos mantienen, la Cooperativa compra materiales y servicios para que luego los socios los consuman al menor costo, tratando de evitar la intermediación, que es lo que encarece estos procesos constructivos”, explicaron desde la organización social que levanta unas 1.100 viviendas por año.

Solicitada

Fuente: La Voz del Interior.