La normativa tiene como fin garantizar y promover la salud de las personas a las que se indique el uso, ya que se la entiende como un derecho humano fundamental.

El 30 de julio se formalizó en la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de Concordia la inscripción de la Cooperativa Cannábica La Entrerriana Limitada.

Está integrada principalmente por abogados, por ahora, que asesoran en la Ley Nº 10.894 de accesibilidad al cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos sancionada por la Legislatura de Entre Ríos y publicada en el Boletín Oficial el 21 de mayo de 2021.

La ley entrerriana

“Hace tres años que nos dedicamos al estudio del cannabis y de la normativa que la rodea, hacemos consultoría jurídica. Participamos en el proyecto de ley cannabis de la provincia de Entre Ríos, cuando nos invitó Silvia Moreno, diputada provincial oriunda del Departamento Feliciano. Fue un gran laburo, al día de hoy es una ley de vanguardia a nivel nacional”, planteó el asociado Javier Orduna ante el requerimiento de El Portal de las Cooperativas.

“Hay una demanda instalada de aceite cannabis y de los derivados de la planta, pero hay una imposibilidad de acceso por dos motivos: primero porque si bien existe el autocultivo hay personas que no tienen el dinero, la herramienta, ni el conocimiento, ni las ganas de cultivarlo. Hoy en día las farmacias no lo venden en Entre Ríos, al menos no me consta, y el aceite según vimos en mayo de este año, el Ministerio de Salud de la Nación importó 1.800 (dosis) de aceite de cannabis por 371 dólares cada uno más o menos, sabiendo que se puede producir aquí en la Argentina por un costo infinitamente menor y de altísima calidad”.

Interiorizado en los circuitos de comercialización, Orduna continuó: “Sabiendo que existía la demanda y que las farmacias tenían sus reservas, parte de la negociación de la ley fue que las farmacias lo proveyeran porque les corresponde, pero no hay cultivos. Por eso visualizamos la posibilidad de que la materia prima la provean cooperativas constituidas a tal efecto, porque hoy en día el know-how (conocimientos) lo tienen las asociaciones civiles que son quienes levantaron las banderas y lo vienen sosteniendo, permitiendo que se llegue a la ley y garantizando un derecho. Ahí hay una ausencia del Estado, (aunque) ahora lo hace. Por eso vimos que las asociaciones civiles se pueden organizar a través de las cooperativas para garantizar la producción del aceite”. Hay un aspecto central en este punto que es el fomento y promoción de las economías regionales.

“Somos la primera cooperativa, pero no queremos ser la única, queremos fomentar que aparezcan más cooperativas y más cultivos. Permitirá explotar la cadena de valor del cannabis, hay generación de empleo, yo soy abogado y tengo trabajo, hay médicos, bioquímicos, botánicos, técnicos en laboratorio, arquitectos que hacen los lugares de cultivo, ingenieros agrónomos, sin tener en cuenta la mano de obra no calificada que representa el 70% (del proceso). Estamos hablando de un boom de un desarrollo productivo muy interesante para la provincia”, razonó el letrado.

La forma de producir

Luego amplió: “La Cooperativa va a producir cannabis para las farmacias, laboratorios y el estado municipal o provincial que lo requieran. En principio, nuestra Cooperativa no tendrá un cultivo al aire libre por cuestiones técnicas, será un cultivo cerrado o mixto, pero apuntamos a que sea un cultivo de indoor. Hay tres tipos de cultivos a groso modo: el cultivo exterior que es a campo abierto; el invernáculo, y el interior o indoor que es cien por ciento cerrado, que está más vinculado a un laboratorio que a otra cuestión, en el laboratorio se controla las condiciones de luz, temperatura y humedad”, explicó.

Luego avanzó sobre la seguridad al momento de producir cannabis: “Hay cuestiones que por la ley debemos garantizar en el marco de la seguridad. Concretamente, debemos tener un alambrado doble perimetral de 3 metros de altura, aunque no garantice que no te roben, pero no va orientado a eso sino a que se debe garantizar que la planta crezca. Por eso la Cooperativa debe hacerse cargo de tener el salón o galpón de cultivo que garantice las condiciones señaladas de luz, temperatura y humedad”.

Luego pidió: “Lo que estamos buscando son farmacias, laboratorios, estados que quieran asociarse. Solo seremos productores porque conocemos al detalle la planta y los requisitos y sistema de producción”.

La demonización del cannabis

Orduna resaltó que “en Entre Ríos la gente adulta de 60 para arriba lo consume, la demanda es fuerte, pero no lo dicen, nos pasó en el proceso de la concreción de la ley. La demonización viene de otro lado, no sé de dónde”, se preguntó.

El Portal de las Cooperativas remarcó que esa presión puede ser de parte de laboratorios productores de otros medicamentos. “Sí, eso seguro. La ley debió salir en diciembre y lo frenó un lobby importante de Entre Ríos. En la ley pusimos que el derecho a la información hace parte del derecho a la salud, si no sabés lo que estás consumiendo no podés velar por tu salud. Tiene que haber un banco de testeos y un testeo garantizado para los autocultivadores; si querés cultivar para tu mamá, podés ir a la universidad o un banco de testeo que haya en la provincia para testear el aceite para saber qué estás consumiendo. La planta es buena, lo sabemos, pero hay cannabinoides que sirven para unas patologías y otros que son mejores para otras”.

Sobre la actuación de parte de la medicina recalcó: “Hay médicos que están dando la batalla cultural. Hay médicos que se recibieron hace un año y tenían como materia cardiología y sistema nervioso, punto y aparte, pero no recibía la materia sistema cannabinoide. Hay mucho desconocimiento… Es decir, hay recepción, pero también hay reticencias. Por eso a medida que se van instalando en los medios los médicos que lo ven como un cuco dejan de verlo de esa manera”.

Salvando las distancias, ¿podría trazarse un paralelismo con la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo? “Lo veo muy parecido en un montón de cuestiones, a veces no utilizo esa comparación porque no sé las susceptibilidades que puedo herir. Lo veo como un tema de salud pública. Me sorprende que en la provincia, con una ley sancionada, no haya una política pública que la instrumente. Está bien, estamos en pandemia, lo entiendo, el Ministerio de Salud de la Provincia tiene otras prioridades en este momento, pero sería deseable que reglamenten la ley, el 21 de agosto se cumplen los 60 días hábiles que establecimos en la reglamentación”, reprochó.

En ese sentido Orduna contó un hecho lamentable sobre la falta de conocimiento de los funcionarios públicos sobre la ley: “Hace unas semanas en Paraná allanaron a una madre joven, cultivadora, madre soltera con una criatura de dos años y pico, el gurí tiene una o dos patologías heavy, una era epilepsia refractaria que de cajón se trata con el aceite. Ella está registrada, tiene permiso para cultivar, ella hace el aceite para su hijo, le secuestraron todas sus plantas, a los dos días le dijeron que se habían equivocado y que iban a archivar la causa, pero no le devolvieron las plantas. Pregunto, ¿en qué otro caso va la policía, patea la puerta, te saca los medicamentos, le dicen ‘usted es narco’, a la semana le piden perdón, pero no le devuelven los medicamentos? Eso ocurre porque no se cumple la ley. Cuando la hicimos tuvimos en cuenta un montón de aristas, entre ellas la instrumentación, cuando se aplique. Entonces, si los funcionarios no la conocen, nunca se va a aplicar. Por eso establecimos una obligatoriedad de formación de funcionarios de todo el escalafón del Estado, de los tres poderes, nos basamos en la Ley Micaela”, concluyó.