La Legislatura provincial aprobó la Ley que impulsó la gobernadora María Eugenia Vidal, que cambia la condición tributaria del acto cooperativo de las cooperativas de servicios, consumo, vivienda, entre otras, de no sujetas a exentas. Además, en una medida sin precedentes, las cooperativas de trabajo bonaerenses comenzarán a pagar ingresos brutos.

Después de dos intentos fallidos, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires logró su objetivo recaudatorio sobre las entidades de la economía social. En lo formal, todas las cooperativas pierden su calidad de no sujetas y pasan a ser exentas en lo relativo al impuesto a los ingresos brutos. Y las cooperativas de Trabajo deberán tributar sobre todo servicio que presten a terceros.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo se pronunció con dureza sobre esta medida que es calificada por todo el sector como decididamente anticooperativa: “Una iniciativa vergonzosa que pone de manifiesto la consonancia con la línea ofensiva contra las cooperativas de trabajo que está llevando adelante el gobierno nacional, que también impulsó la iniciativa de gravarlas con el impuesto a las ganancias, pasando por alto completamente que son entidades que no tienen ganancias porque devuelven sus excedentes al uso de servicios sociales y sus reservas, que son irrepartibles entre sus asociados y pasan al Fisco en caso de disolución”.
Con la nueva legislación se produce una virtual derogación de la exención de ingresos brutos en la facturación a terceros, que ha beneficiado desde siempre a las operaciones de las cooperativas de trabajo. “Esto es lo que más perjudicaría a los trabajadores y trabajadoras que hace muchos años decidieron organizarse de manera cooperativa para mantener sus fuentes laborales ante el cierre de empresas en las que trabajaban”, señalan desde la entidad madre de las cooperativas de Trabajo.
Estos proyectos parecieran exhibir una concepción de la actividad económica exclusivamente desde lo lucrativo sin reconocer la función económica y social de las cooperativas, en algunos casos centenarias, que tienen una naturaleza distinta y por tanto deben mantener su tratamiento diferente como lo manda la Constitución.

Capital vs. solidaridad
La Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (Facc) también dio a conocer su posición en los días previos al tratamiento, por el claro perjuicio al conjunto de las entidades solidarias: “Buenos Aires (es) una de las provincias con mayor tradición cooperativista, en especial en todo el interior provincial, y su constitución expresamente promueve la conformación y desarrollo de éstas entidades. Cabe preguntarse si el gobierno provincial desconoce esta realidad, o es funcional a intereses de empresas que se verían beneficiadas de aprobarse este proyecto”.
La Facc, que cuenta entre sus miembros a especialistas del tenor de los dres. Cracogna y Masón, refería a un cambio que se presentaba como meramente cosmético: la no sujeción vigente del acto cooperativo a los ingresos brutos, transformándola en exención. “Si bien esta decisión no tiene impacto fiscal en lo inmediato, lleva a preguntarse qué otra intención encierra el cambio de estatus, sino el de eliminar o reducir en el futuro esa exención, con la clara intención de gravar las operaciones que las cooperativas realizan con sus asociados”.
Con la firma de Héctor Jacquet y Rodolfo Zoppi, máximas autoridades de Facc, queda planteado que “gravar el acto cooperativo contradice claramente la manda del artículo 41 de la Constitución provincial, lo que eventualmente obligará a acudir a la Justicia por su manifiesta inconstitucionalidad”.

Una provincia anticooperativa
“Esta es una medida más en contra de los trabajadores, trabajadoras y de los sectores populares. Sería mucho más fácil sacarle a los sectores más concentrados porque manejan mucho más recursos, pero esto no es parte del esquema de construcción ni de los intereses que defiende y representa este gobierno. Nosotros estamos en las antípodas del pensamiento neoliberal que tienen, porque todos los días nos levantamos para seguir llevando adelante entidades democráticas y solidarias, esos son nuestros valores”, expresó Christian Miño, presidente de la CNCT luego de que se conociera la noticia de la sanción.
“A esto se le agrega la gran cantidad de vetos que firmó Vidal para la expropiación de empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras y la pérdida de jerarquías del área provincial de cooperativas. Durante los últimos dos años de gestión, pasó de tener jerarquía de Secretaría a Subsecretaría hasta llegar a ser en la actualidad una simple Dirección. Esto da cuenta de la importancia nula que este sector tiene para el gobierno provincial, a punto tal que se han desarticulado todas las acciones de capacitación, promoción y fortalecimiento del cooperativismo”, reseñó el dirigente.
Desde la CNCT no tienen dudas de que “se trata de la construcción de un modelo de provincia que está en contra de la economía social y solidaria”.

Fuente: Periódico Ecodias