Rápido para los mandados

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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), cuya lentitud burocrática es padecida por la mayoría de las entidades solidarias argentinas, envió en tiempo récord a la justicia una solicitud de intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de San Martín.

A raíz de la detención del presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de San Martín, Herme Juárez, sucedida el 1 de agosto, el INAES realizó un procedimiento exprés para solicitar a la justicia la intervención de dicha Cooperativa, más allá de que estatutariamente el Consejo de Administración disponía de los elementos necesarios para reemplazarlo a través del accionar de su síndico, elegido democráticamente por los asociados.

Así, en menos de 72 horas, la justicia federal designó como interventor a “Juan José Schaer, un abogado de Buenos Aires con experiencia en el manejo de corporaciones multinacionales”, según fuentes periodísticas. En el Puerto General San Martín, emplazado sobre el Río Paraná, en la Provincia de Santa Fe, operan empresas multinacionales que exportan la producción agropecuaria nacional.

Seguramente existen motivaciones políticas y económicas para tomar una medida administrativa de semejante tenor por parte del organismo que fiscaliza a las cooperativas y mutuales en Argentina. Las operaciones que realizaba la Cooperativa de Trabajos Portuarios tenían un alto reconocimiento a nivel internacional y gozaba de todas las calificaciones de certificaciones operativas.

Posición del movimiento cooperativo

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) ofreció su colaboración para fortalecer “la presencia cooperativa en el puerto y así garantizar la mayor transparencia en beneficio de sus trabajadores y de sus usuarios”.

El pronunciamiento se hizo público a partir de los obstáculos judiciales impuestos a la Cooperativa de Trabajos Portuarios.

Después de procesar y privar de su libertad a su presidente, Herme Juárez, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había bloqueado las cuentas de la Cooperativa, que en las últimas horas volvieron a estar operativas.

En un documento emitido el martes 13 de agosto, Cooperar reclamó “la mayor celeridad de la justicia para cumplir con el proceso judicial iniciado, en aras de garantizar que todo delito sea castigado, y de minimizar los perjuicios a todos aquellos injustamente afectados”.

Asimismo, pidió “garantizar el derecho al trabajo y no provocar daño económico a esta empresa ni a su patrimonio, que es propiedad de los trabajadores asociados”, además de “defender la organización cooperativa como medio para garantizar la defensa de los trabajadores y para que los beneficios de la actividad se vuelquen en la comunidad vinculada al puerto”.

“Es posible y deseable que los trabajadores cuenten con sus propias empresas”, concluyó la Confederación en la declaración, donde alerta sobre el posible aprovechamiento de estas circunstancias “para favorecer en forma indebida a empresas con intereses contrarios a la cooperativa y a los trabajadores en general ” .

Fuente: La Gaceta de Cooperar.

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