El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, recibió de manos de dirigentes sociales, sindicales, cooperativos y del mundo empresario, el escrito al que consideran una contribución para concientizar sobre la grave situación social que hoy se vive en el país.

El presidente de la CEA agradeció el documento y valoró esta iniciativa multisectorial, al tiempo que aseguró que la Iglesia intenta dialogar con todos los sectores que puedan aportar a la solución de los “problemas graves” planteados en el texto.

Entidades tales como la CGT, la CTA, Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (Cooperar), la Federación de Cooperativa Federadas (Fecofe) Ltda. y la Unión Industrial Argentina (UIA), además de organizaciones sociales y gremiales, confluyeron en este documento de 21 puntos que expresa propuestas para un proyecto de Nación y plantea críticas al plan económico actual.

El escrito desarrolla una crítica profunda hacia el modelo y rumbo económico y a los mecanismos de toma de deuda por parte del Gobierno Nacional, enfatizando en la necesidad de salvaguardar el empleo y la industria nacional. Sobre estos puntos, el documento advierte que “son todas cuestiones que requieren repensar el modelo de Nación”.

Además, llama a sancionar una “ley de emergencia alimentaria”, a promover la agricultura familiar y a facilitar el acceso a la salud por parte de toda la población, a “atender la problemática de los jubilados sometidos a la pérdida creciente y cotidiana de su capacidad económica” y a “fortalecer el presupuesto en educación”. Asimismo, a brindar “soluciones habitacionales y acceso a la tierra y a los servicios con un plan de viviendas” así como suspender los desalojos por cuatro años, y demanda “revertir el impacto enorme de las tarifas” de los servicios públicos.

El texto incluye importantes referencias sobre el papel del cooperativismo para la construcción de un nuevo modelo de país, que defienda la producción y el trabajo. “Las cooperativas, mutuales y demás entidades de la economía solidaria son actores insoslayables para toda posibilidad de desarrollo sustentable”, afirma.

En particular, se hace eco de la Recomendación 193/02 de la OIT, según la cual la “promoción de las cooperativas debe considerarse uno de los pilares del desarrollo económico y social”. Además, recoge la inquietud frente a los intentos de gravar sus excedentes y sostiene que “deben mantenerse las exenciones al impuesto a las ganancias”.

El documento también propone incorporar al cooperativismo de vivienda en un plan nacional e impulsar cajas de ahorro y crédito para “movilizar los recursos locales en función del desarrollo sostenible, especialmente en relación a las economías regionales”.

En materia agropecuaria, rescata el rol de las cooperativas agroalimentarias, que deben “asumir un rol protagonista, recuperando sus sentidos fundacionales basados en la equidad, la igualdad, la propiedad conjunta, la gestión democrática y la solidaridad”.

En ese sentido, rescata el rol de la agricultura familiar, las empresas recuperadas, cooperativas agropecuarias, de pesca artesanal y pequeñas unidades productivas alimenticias para aprovechar la cercanía territorial de la producción con los consumidores.

Qué dice
El documento, en esencia, desarrolla una crítica profunda hacia el modelo de financiarización de la economía (“el dinero al servicio del dinero no genera otra cosa que pobreza y desigualdad”) y a los mecanismos de toma de deuda por parte de la administración de Mauricio Macri, y enfatiza en la necesidad de salvaguardar el empleo y la industria nacional. “Consideramos que la defensa del trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello: la cultura”, señala en el principio la misiva, que será abierta y que hasta la semana pasada contaba con 11 páginas.

El arranque del texto consensuado traza un diagnóstico sombrío sobre la coyuntura económica y social. “Dialogamos porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. En los últimos tiempos observamos un incremento de las demandas de los sectores más vulnerados, especialmente vinculadas la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, el acceso a la educación y el trabajo, entre otros factores que coadyuvan a la dignidad del ser humano. En nuestro país hay personas, muchos de ellos niños y niñas, que sufren hambre con las dramáticas consecuencias que eso conlleva. Vemos así, con dolor, cómo se hipoteca el futuro de nuestra Patria”, se advierte.

A continuación apunta al aumento de la desocupación y la informalidad “en gran medida por el ahogo que atraviesa la industria nacional, en especial las pymes, urbanas y rurales, las cooperativas y las economías regionales, muchas producciones agropecuarias como la lechería, porcinos y fruta, entre otros, producido por la abrupta caída del consumo interno, las altas tasas de interés, el aumento indiscriminado de tarifas, la apertura de las importaciones y el endeudamiento desproporcionado”. Sobre este punto, el documento advierte que “son todas cuestiones que requieren repensar el modelo de Nación”.

Otro párrafo saliente pone el foco sobre “el ajuste y la transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos” por entender que “son mecanismos que subordinan la vida humana a la lógica de la renta ilimitada e instaura la naturalidad de la pobreza y de sus víctimas”. Y añade que ese proceso está “acompañado por una inédita concentración comunicacional que condicionan la distribución democrática de la palabra”. Además, marca el riesgo que representa para la Argentina la deuda contraída por el Gobierno tanto por su “volumen” como por “la débil institucionalidad con la que ha sido producida”.

A continuación detalla 21 puntos con propuestas y postulados que van desde los más genéricos como “subordinar la economía a la política” y rechazar “los procesos de concentración en todos los ámbitos económicos” a los más puntuales como “defender la industria nacional” mediante un freno a los despidos, creación de puestos de trabajo, administración del comercio exterior y sostén del mercado interno y de los ingresos populares o el reclamo de “industrialización del medio rural”.

Al final el texto también hace propio el reclamo de los obispos de Lomas de Zamora (entre los que se encuentra Lugones) y San Justo por la muerte de nueve presos en el incendio de una comisaría de Esteban Echeverría y el asesinato no esclarecido de un militante de la CTEP de La Matanza durante una toma de tierras.

Fuentes: Cooperar, Agencia Informativa Católica Argentina y Ámbito Financiero.