Los primeros días de marzo un encuentro de la Red de Cooperativas Sociales puso en marcha la Incubadora que aportará asistencia técnica y capacitación a las cooperativas y empresas sociales que integran la Red.

En la jornada, en la que participaron una veintena de experiencias de inclusión sociolaboral para usuarios de salud mental y adicciones de 8 provincias, la Red elaboró una Declaración Federal de la Red de cooperativas sociales en la que demandan el reconocimiento de una figura jurídica específica y políticas públicas para el sector.

La Incubadora está coordinada por la Asociación Civil Incluir y la Universidad de Quilmes, y cuenta con equipos técnicos aportados por estas dos entidades y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (Cgcym), la Universidad de Tres de Febrero y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, organizaciones que también integran la Red de Cooperativas Sociales.

El objetivo principal del encuentro fue iniciar el diagnóstico de las 20 unidades productivas que integran la incubadora, pero abarcar también a otras 15 experiencias que integran la red. Este proceso permitirá conocer más sobre sus necesidades y problemáticas a los fines de poder colectivizar demandas o dar respuestas conjuntas a aquellas cuestiones que puedan resolverse en el entramado que se ha generado.

Las empresas sociales suelen desarrollarse con seis elementos básicos:
● Fuerza de trabajo “inutilizada”, ya que los usuarios de salud mental, discapacidad y adicciones han quedado excluidos del mercado laboral competitivo;
● Recursos públicos inutilizados, como por ejemplo espacios físicos y mobiliario o equipamiento del Estado abandonados;
● Recursos costeados por el estado, como son los aparatos públicos asistenciales, los especialistas, la formación (Universidades, por ejemplo) y los administradores públicos;
● El trabajo de familiares y voluntarios, sin remuneración;
● El aporte remunerado de trabajadores del oficio al que se dedica la cooperativa, que aportan su conocimiento tanto en las tareas a realizar como en la gestión del emprendimiento;
● La gestión cooperativa del emprendimiento, que adquiere un carácter particular, basado en un modelo de cogestión entre los usuarios, los profesionales y el estado.
En algunos casos, además, se agrega el reciclado de materiales de descarte que se utilizan como insumos.

La empresa social, si bien se ancla en el mercado formal, por sus lazos solidarios da lugar al respeto de los procesos de cada integrante. Por ello, si bien debe ser competitiva y sustentable, ésta no es su única ni principal misión. La empresa social es una herramienta de integración, un espacio de emprendimiento y producción, de organización y de vinculación, que fomenta el respeto de sí mismo, la integridad, la autonomía y la especial atención a la complejidad y los procesos de los/las participantes.

El intercambio entre los referentes de estas experiencias, que vienen sosteniendo procesos en algunos casos de más de diez años, dio lugar para debatir sobre el estado incipiente de este sector con potencial de crecimiento, contemplado en la Ley de salud mental como uno de los dispositivos sustitutos a las instituciones de encierro y las potencialidades de transformación del ámbito de la salud que esto representa.

El impacto social producido por estas experiencias se dará a conocer cuando culmine la etapa diagnóstica prevista para finales de abril. Sin embargo ya se revela que cerca de doscientas personas con discapacidad y padecimientos mentales o en situación de vulnerabilidad psicosocial trabajan de manera organizada, participando de ferias, atendiendo locales comerciales propios, cantinas, brindando servicios de catering y jardinería. Produciendo muebles originales y sustentables, productos de cerámica artesanal, marroquinería, platería, plantas sin agrotóxicos o productos alimenticios según el rubro específico de cada empresa social.

Las personas gerencian sus propias empresas organizándose colectivamente, tomando decisiones y distribuyendo los excedentes entre sus integrantes para la satisfacción de sus necesidades. Así se proponen garantizar su derecho a trabajar.

“En medio de la crisis de la sociedad salarial en la que nos encontramos, estas empresas sociales representan un bastión de lucha por el acceso al derecho al trabajo y la restitución del vinculo salud-trabajo-inclusión. Esta experiencia es fundamental, ya que las personas con discapacidad y padecimientos subjetivos han sido históricamente segregadas del mundo del trabajo: alrededor del 98% de esta población no cuenta con ningún tipo de empleo”, destacaron desde la organización del encuentro.

Reclaman así como medida urgente “la visibilización y el apoyo a este sector para dar fin a la manicomialización y continuar con las reformas necesarias para que el paradigma social y de derechos sea el que prevalezca en las prácticas del ámbito de la salud”.

Aquí se puede leer el documento.

Fuente: Prensa Incluir.