Las cinco confederaciones de cooperativas de la República Argentina emitieron un comunicado conjunto a raíz de una iniciativa de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que atenta contra las cooperativas.

La Confederación Cooperar, Coninagro, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Conaice y Conarcoop suscribieron un duro comunicado luego de que tomara estado público la presentación en la Legislatura bonaerense de un proyecto “que pareciera estar en línea con una clara ofensiva contra las cooperativas que a nivel nacional se manifiesta en estos días con la iniciativa de gravarlas con el impuesto a las ganancias, sin tomar en cuenta que se trata de entidades que no tienen ganancias porque devuelven sus excedentes en estricta proporción al uso de los servicios sociales y sus reservas, que son irrepartibles entre sus asociados, pasan al Fisco en caso de disolución”.
Señalan las entidades que nuclean al cooperativismo a nivel  nacional que “la primera propuesta del referido proyecto (artículos 1° y 2°) es derogar en el impuesto sobre los ingresos brutos la no sujeción de la operatoria entre las cooperativas y sus asociados (actos cooperativos) y transformarla en una simple exención, echando por tierra lo dispuesto por la ley 13.360 reglamentaria del artículo 41 de la Constitución Provincial y reiterando planteos similares que la propia Legislatura desestimara en 2016 y nuevamente hace menos de un mes”.
Se preguntan si este cambio, que es manifiestamente anticonstitucional y que obligaría a las cooperativas a efectuar presentaciones en el ámbito de la justicia, “no encierra la intención de ir luego acotando la liberalidad en que se transformaría la actual condición de no sujeción que reconoce la particular naturaleza de las cooperativas, verdaderas empresas testigo en el mercado y protagonistas –muchas desde hace más de un siglo- de un rol socioeconómico irremplazable, especialmente en el interior profundo de la Provincia”.
Claramente el espíritu de este proyecto de María Eugenia Vidal atenta contra los derechos de los trabajadores autogestionados, por cuanto el artículo 3° consiste -en la práctica- casi en una derogación de la exención que ha beneficiado desde siempre a las operaciones de las cooperativas de trabajo. “Esto perjudicaría notablemente a los trabajadores que decidieron organizarse cooperativamente para mantener su fuente laboral ante el cierre de empresas privadas o públicas en las que prestaban sus servicios”, denuncian.
Haciendo ver que no se trata de una actitud corporativa sino de ajustarse a la manda constitucional de la Provincia de Buenos Aires y de las recomendaciones de las máximas organizaciones mundiales, citan las recomendaciones efectuadas oportunamente por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, con el voto positivo de la representación argentina, en el sentido de “promover a las cooperativas como pilares del desarrollo económico y social” porque constituyen empresas que “construyen un mundo mejor”.