Ante la ausencia de programas públicos de fomento específicos para el sector, la Mesa de Cooperativas Unidas y Organizadas de La Rioja presentó una batería de beneficios destinada a fortalecer la actividad económica de sus entidades integrantes y mejorar el poder adquisitivo de sus asociados. La propuesta incluye descuentos en alimentos, medicamentos, indumentaria, combustibles, servicios de comunicación y otros rubros considerados prioritarios.

La medida surgió a partir de un relevamiento provincial realizado entre entidades de distintos sectores productivos y de servicios. Según los datos difundidos por la Mesa, las respuestas obtenidas permitieron identificar necesidades comunes y avanzar en acuerdos comerciales que funcionan de manera articulada entre las propias entidades participantes. El objetivo es reducir costos operativos y aliviar gastos familiares mediante mecanismos de compra conjunta y beneficios cruzados.

Entre las acciones anunciadas se destacan compras colectivas de alimentos con ahorros que pueden alcanzar el 46%, descuentos en medicamentos y productos de farmacia, rebajas en indumentaria laboral, productos ecológicos, publicaciones institucionales y futuros acuerdos para la adquisición de combustibles. Desde la Mesa señalaron que estas herramientas buscan fortalecer la economía cotidiana y sostener el empleo en un contexto complejo para numerosas actividades productivas.

La Rioja es una provincia ubicada en el noroeste argentino y cuenta con una población superior a los 380 mil habitantes. Su economía combina actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios, con una fuerte presencia de emprendimientos de pequeña y mediana escala distribuidos entre la capital provincial y distintos departamentos del interior.

Desde la Mesa remarcaron que las medidas constituyen una respuesta surgida desde el propio sector. “Está claro que, ante la falta de fomento público por parte de los organismos oficiales, el camino de fortalecer el sector desde la autogestión es la mejor opción”, señalaron. Asimismo, indicaron que los beneficios representan una primera etapa de trabajo y que continuarán incorporando nuevas herramientas en función de las demandas detectadas.

El relevamiento también permitió dimensionar el alcance de las entidades participantes. De acuerdo con la información difundida, 27 entidades respondieron el cuestionario y representan a más de 500 trabajadores vinculados a actividades como cuidado de personas mayores, educación, reciclado, comunicación, construcción y electromecánica. A partir de esos datos, la Mesa volvió a reclamar la reglamentación de la Ley Provincial 8.901 de Fomento Cooperativo, sancionada hace dieciséis años.

Fuente: Agencia Ansol.