Señalizaron el edificio despojado el 24 de marzo de 1976 a una cooperativa de periodistas de la ciudad de Neuquén.

Desde ahora, quienes transiten en la capital neuquina por la intersección de las calles Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina podrán conocer un nuevo capítulo de la historia más oscura en la región durante la última dictadura militar.

“Este edificio fue apropiado y usurpado ilegalmente durante el terrorismo de Estado”, reza el cartel inaugurado ayer como Sitio de Memoria, Verdad y Justicia frente a la conocida Torre de Periodistas I que el 24 de marzo de 1976 fue ocupada por las fuerzas militares. La actividad fue realizada por la subsecretaría de Derechos Humanos y la delegación de Derechos Humanos de la Nación, y contó con la presencia de legisladores y concejales.

Las viviendas del edificio, que por ese entonces tenía un 70 por ciento de construcción, estaban destinadas a integrantes de la Cooperativa de Viviendas del Periodista Ltda. Más de 120 socios que aportaban una cuota mensual para la adquisición de un departamento fueron despojados de ellos por la intervención militar que repartió las unidades al Ejército (15 departamentos), Gendarmería (4), Marina (2) y Policía Federal (2). Así, veintitrés socios de la cooperativa se quedaron sin viviendas, que fueron repartidas a las fuerzas de seguridad.

“Este acto es el inicio de la última etapa en la búsqueda de justicia que emprendimos desde el regreso de la democracia por la restitución de los veintitrés departamentos que fueron despojados de sus adjudicatarios”, aseguró Victor Reynoso, ex cronista parlamentario y uno de fundadores de la cooperativa. Junto a Dante Lombardo impulsaron desde 2012 la investigación sobre la apropiación de los departamentos.

Ambos describieron la causa judicial que actualmente está en etapa de instrucción y recordaron los nombres de los socios fundadores de la cooperativa que fueron detenidos, secuestrados y torturados en centros clandestinos de detención de Neuquén y Bahía Blanca, como Enrique Esteban, Eduardo Bejarano y Cristina Parente, y de Enrique Oliva y María Echevarría, quienes debieron exiliarse.

Comelli instó a la Justicia Federal “que tiene todas las pruebas de la causa para restituir a sus legítimos dueños los veintitrés departamentos usurpados como así también el centro cultural en el que se construyeron cocheras”.

La causa en la que se investiga la apropiación de los bienes como delito de lesa humanidad está a cargo del juez Gustavo Villanueva, del Juzgado Federal 2 de Neuquén, y se encuentra en etapa de instrucción.

La Ley nacional 26.691 declara sitios de memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar, y a aquellos donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal.

Fuente: La Mañana de Neuquén.