Desde que comenzaron los aumentos de la factura de electricidad en 2016, la deuda de los usuarios con la empresa se incrementó exponencialmente. Plantean que el costo impositivo en la factura representa el 41 por ciento
Según comunicó el gobierno nacional se enviará un proyecto de ley al Congreso sobre facturación de servicios públicos esenciales, por el cual se pretende eliminar los impuestos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país.
El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.
En tanto, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet admitió que cumplirá con el pedido de Macri de reducir tributos propios en la boleta de la luz. “Estamos dispuestos a hacer un sacrificio”, anunció, aunque cuestionó que a la Casa Rosada “le faltó gradualismo”.
La carga impositiva en la factura de la Cooperativa Eléctrica
El consumo razonable promedio por habitante mensual en nuestra ciudad es de 70 kv.
Si tomamos una factura de cuatro personas de clase media integrada por dos adultos y dos menores de edad, el consumo mensual es de 350,57 Kv en una estación del año sin pico de consumo. En abril esta familia de cuatro integrantes que vive en zona céntrica pagó una factura de 1.643,34 pesos por todo concepto.
En la factura se detalla cinco ítems que pertenecen a la Cooperativa como costo directo del servicio que suman 976,46 pesos. El resto corresponde a la parte impositiva que representa 666,88 pesos.
Del monto total el 16 por ciento se los llevan los impuestos municipales, el 13 por ciento se lo lleva la provincia y el 21 por ciento se lo lleva la Nación.
Es decir, el costo de la energía en una familia de clase media con dos adultos y dos menores de edad, es el 59 por ciento es el costo de su consumo y el 41 por ciento es el costo impositivo.
Sin embargo, desde las cooperativas eléctricas de la Provincia de Entre Ríos remarcan que no se le debe restar recursos a los municipios, sino que la baja en impuestos para atender esta emergencia tiene que producirse en el 13 por ciento que cobra la provincia y el 21 por ciento de Nación.
El 16 por ciento del gravamen que corresponde al municipio, la Cooperativa se lo transfiere para que la comuna pueda sostener los costos operativos del servicio de alumbrado público, servicio que dejó de prestar la Cooperativa desde el año 2000, cuando se hizo cargo la Municipalidad.
Otra cuestión que reduciría el monto en el costo de la energía está en los costos de transporte, que representa el 50 por ciento para una Cooperativa, que se lo lleva Cammesa y el 13 por ciento Enersa.
“La Cooperativa está pagando más de 30 millones de pesos mensuales por costos de transportación a Cammesa”, explicó una fuente técnica de la entidad.
Si se aplicara la ley Maya se podría comprar el megavatio a 210 pesos que es el costo al pie de la represa de Salto Grande ahorrando los costos de transportación, que luego se termina vendiendo a la Cooperativa a un precio 1100 pesos el megavatio.
Es decir que si las cooperativas eléctricas de la provincia tuvieran energía al pie de la represa, habría una reducción enorme en el precio de transportación que cobra Cammesa que es el 50 por ciento de los costos a las 19 distribuidoras que funcionan en la provincia, y eso redundaría en una baja notable del costo de la energía al usuario.
Actualmente, la morosidad que tiene la Cooperativa Eléctrica representa 180 millones de pesos, y la deuda que tienen los usuarios con la Cooperativa podría seguir creciendo si los costos de la energía siguen aumentando como adelantaron las autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Fuente: El Argentino (Gualeguaychú).
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