La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. conmemoró diez años de trabajo autogestivo. La celebración incluyó un brindis y reunió a diversos referentes del sector, quienes destacaron la importancia de que la justicia se pronuncie sobre el reclamo por el espacio de trabajo. El conflicto por la propiedad de la fábrica continúa sin una resolución firme.

La empresa, recuperada en 2015 por sus trabajadores, se dedica a la fabricación de tapas de empanadas, tartas y pastas. Su síndico, Fabián Pierucci, recordó los inicios en un contexto agresivo. “El contexto en que nacimos fue muy agresivo. Luego del vaciamiento patronal, de fines de octubre de 2015, cuando lo que era un reclamo gremial se transformó en un proceso de recuperación”.

Pierucci detalló las dificultades enfrentadas a lo largo de esta década. “Comenzamos a producir de manera autogestiva prácticamente con el gobierno de Macri. Cada etapa de gobierno neoliberal se hizo muy difícil. En el medio, nos tocó la pandemia, tuvimos compañeros enfermos de gravedad, y ahora el gobierno de Milei, que hizo desplomar el consumo de todo”, resumió el representante.

El reclamo judicial por la fábrica se mantiene vigente. En 2020, los anteriores dueños pidieron el desalojo de las instalaciones. “En el 2025, hicimos la segunda propuesta de compra directa de las instalaciones. Somos los principales acreedores e hicimos una oferta para los otros acreedores, en un monto más que razonable. Y por segunda vez fue rechazado, sin argumentos”, contó Pierucci.

La causa se encuentra en el juzgado comercial a cargo de Valeria Pérez Casado. “No se hizo evaluación del valor de las instalaciones ni del inmueble, además de la que hicimos nosotros, con peritos del sector. Nos dicen que no, apelamos ese fallo y se encuentra en resolución en la Cámara de Apelaciones”, explicó el síndico. Añadió que es un “fallo abstracto, que dice ‘no alcanza’, pero no dan otro cálculo alternativo”.

Para Pierucci, la demora responde a una cuestión ideológica. “El poder, expresado en la justicia, tiene la convicción de que los obreros no pueden estar al frente de la conducción de una empresa, aunque sea un caso exitoso y comprobable como el nuestro”, afirmó. Mientras, la orden de desalojo está detenida hasta que se resuelva la apelación, dejando en vilo cuarenta puestos de trabajo directos.

Fuente: Tiempo Argentino.

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