Con un presupuesto nacional para el año 2019 con recortes en materia habitacional y el reciente anuncio presidencial de suspensión del programa de Participación Público Privada (PPP), el panorama para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción de viviendas es sombrío.

Tanto las pymes como las cooperativas que trabajan con el Estado nacional en el marco del Plan Nacional de Viviendas, han sufrido paralizaciones parciales o totales después del octavo mes de 2018, producto de trabas burocráticas y de la situación macroeconómica.

Para llevar a cabo estas obras, el trabajo se articula con los municipios, los institutos provinciales y/o Nación. Si falla algún eslabón, la obra se cae. Últimamente, esta situación es recurrente.

Agustín Burgos, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sede Luján, explicó a Ansol: “Hay un problema muy serio que está relacionado con el método de la obra pública. Fundamentalmente, con los mecanismos de actualizaciones de precios. Uno está atrás de lo que ocurre en la economía, sobre todo en contextos como el segundo semestre de este año”.

Estos mecanismos hacen que el dinero que asigna el Estado para las obras “además de llegar con meses de retraso, ni siquiera llega a cubrir la inflación”. Según Burgos, “esto se da sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hay un déficit habitacional muy grande”.

La gestión de María Eugenia Vidal “arrancó con obras que estaban al 50 o 75 por ciento de avance y apenas hemos logrado finalizar entre el 25 y el 30 por ciento”. En Nación, “el problema más importante son los tiempos”, ya que “es un esquema muy largo, que va en desmedro de las cooperativas”.

Una vez adjudicada la obra, la cooperativa realiza el trabajo en 4 tramos: relleno y platea, paredes y vigas de encadenado, techo y terminaciones. Al finalizar cada etapa, rinde las cuentas al Estado, que en cinco días debería liquidar los fondos para que se haga el siguiente tramo. El círculo se repite hasta la finalización de la obra.

“Entre una etapa y otra, pasan tres o cuatro meses y eso hace que sea muy difícil sostener los equipos de trabajo porque la gente tiene que cobrar para vivir y, si las obras están frenadas, es imposible”, aseguró.

Las empresas privadas “manejan 15-20 obras grandes. Frenan una, siguen con otra. Utilizan esos parates como mecanismo de presión o directamente abandonan obras porque no son rentables”. Las cooperativas “no nos manejamos de esa manera y muchas veces en una obra se juega la vida de la cooperativa. No tenemos un capital acumulado que permita sostener grandes niveles de pérdida. Esto hace que un contexto como el de hoy nos golpee con mucha más dureza”.

En el medio, la inflación y la recesión. “Por primera vez en 20 años, la industria de la construcción decreció. Arrancamos el año con una bolsa de cemento a 200 pesos y lo terminamos a 300 pesos. Esto repercute sobre todo el rubro, pero los más golpeados son los sectores de la economía popular”, dijo Burgos.

Historia repetida
Martín García es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y parte de la cooperativa Construcciones 15 de Enero, de Mar del Plata. El MTE participa de un plan de vivienda junto a Barrios de Pie, en la ciudad balnearia. Son 44 viviendas, de las cuales el MTE tiene 14, que se reparten en dos cooperativas de 50 trabajadores.

“El principal problema fue la inflación y que la actualización de precios nunca llegó, sumado a que el Ministerio del Interior siempre pide algún papel más que retrasa todo”, resumió a Ansol.

García contó que de esas 14 obras, “en 7, recibimos hasta el 76% del presupuesto y la construcción llegó hasta el 89%”. En el Plan Nacional de Vivienda, “se fueron agregando cada vez más requisitos burocráticos para ganar tiempo y eso nos hace perder mucho a las cooperativas”.

Uno de los últimos requisitos es que ahora la vivienda debe adjudicarse antes de construirse. “Nos juntamos hace un mes en la Secretaría de Vivienda con el secretario de Planeamiento local. Explicamos que para la gente era muy importante tener las casas antes de las Fiestas, pero sin embargo, siguen las obras frenadas”, agregó.

El presupuesto de cada vivienda se divide en mano de obra y materiales. Entre retrasos e inflación, el precio de los materiales se encarece, lo cual afecta los retiros de los trabajadores. “Estamos todavía en $ 11.000 por mes, que son los niveles de 2016. Deberíamos estar en $ 19 mil, que es el precio del sector. Los privados están en casi $ 30 mil. La diferencia es abismal”. Aun así, “la vivienda está avanzada porque un privado va solo por la ganancia, pero nosotros lo hacemos por el compromiso social, por el desarrollo de la vida digna”.

“No hemos logrado que se resuelva el problema de actualización, que es algo que rige para todas las construcciones del país, no sólo para nosotros. Supuestamente, ya está todo dado para que llegue la actualización, pero ahora llegó esto de adjudicar la vivienda antes de construirla. Por eso, creemos que es una dilación a propósito. Es en contra de una política pública de desarrollo de la vivienda”, manifestó García.

En el sur, también
Germán Ruffolo es presidente de la cooperativa Esfuerzo Patagónico, de San Martín de Los Andes, y también militante del MTE. “Estamos en el programa Socio Comunitario, que se ejecutó en 2015. Cuando firmamos el convenio, el valor de una casa era de 460 mil pesos. Hoy, el mismo programa está arriba de un millón de pesos. Llegamos en dos meses al 20%, presentamos las certificaciones con los arquitectos y nos dieron los fondos de la parte siguiente 6 meses más tarde. Uno no puede estar 6 meses para seguir trabajando. Se te desarman los grupos de trabajo”, lamentó.

“Tuvimos demoras de seis meses en cada tramo. Para esta última etapa, se cambió el esquema del programa y el Gobierno Nacional dice que cada provincia se debe hacer cargo del 30%. Sacamos hasta el fondo de caución, que era el 5%, y Nación nos soltó la mano. Hoy, tenemos 25 viviendas en un 75% y estamos tratando de que la Provincia baje los fondos para finalizar las obras”, resumió.

En el sur del país, a los habituales problemas se le suma el clima. “En invierno, hay vedas de construcción y a nosotros varias veces nos bajaron los fondos en la primera nevada. Increíble. Se aumentan los costos, hay que poner anticongelante a todo lo que es húmedo, los trabajadores se enferman”. La esperanza radica en el año electoral. En una provincia superavitaria, a cualquier gobernador le podría parecer buen negocio destinar $ 10 millones a la inauguración de 25 viviendas y asegurarse una buena foto.

Burgos, por su parte, concluyó: “El Gobierno no ve (o no quiere ver) que las cooperativas de construcción son más baratas y eficaces que los privados. Son obras en las que no queda plata en el camino, no hay sobreprecios ni coimas ni nada parecido. Y es plata que va directamente a la economía popular. Por eso, queremos y peleamos porque sea una política de Estado”.

A pesar del panorama, “las organizaciones hemos conseguido más herramientas para poder pelear, como es la ley de urbanización de barrios populares, donde se plantea también que el 25% de las obras sean hechas por cooperativas”, finalizó.

Fuente: Ansol (Caba), editado por Cooperativa de Trabajo Proyecto Coopar, asociada a la Federación Fadiccra