El Centro Cultural de La Toma surge con la determinación de los trabajadores del Supermercado Tigre cuando ocuparon las instalaciones del establecimiento de calle Tucumán 1349, Rosario, luego de un largo proceso de vaciamiento empresario a mediados de 2001.

La Toma es un hervidero, una cocina de organización popular. Al flujo cotidiano de “clientes” que circulan por el mercado de la Ctep, el bar o el comedor universitario, al ir y venir de quienes integran las más de cincuenta entidades que tiene sede en el lugar, se suman convocatorias diarias para gestar las grandes movilizaciones de la ciudad de Rosario.

Arriba o abajo, adelante o en el fondo, enormes asambleas debaten los pormenores de la marcha del 24 de marzo o Ni Una Menos, decenas de referentes sindicales discuten un nuevo acto contra el ajuste macrista o cientos de pibes y pibas preparan una movida contra los recortes en la Educación.

“El único que no puede ingresar es aquel que haga apología del terrorismo de Estado o negacionismo del genocidio. Salvo ese límite, cualquiera puede venir o autoconvocarse”, explica Carlos Ghioldi, cara visible de la Cooperativa de Trabajo Trabajadores Solidarios en Lucha Ltda., que mantiene abierto el espacio desde hace 18 años.

“Esta lucha ya tiene mayoría de edad. Comenzó con el reclamo por los puestos de trabajo, desde 2001 en adelante. Soportamos numerosos intentos de desalojo que recién fueron frenados a partir de una primera ley de expropiación de los años 2003-2004. Pero esas leyes cayeron en un laberinto de ser consideradas inconstitucionales. Sectores del Poder Judicial la declararon inconstitucional y mantienen el pedido de desalojo en vigencia”, contaba Ghioldi antes del masivo acto de apoyo que tuvo lugar el pasado miércoles 2 de julio.

El dirigente denuncia que los “buitres locales” o “caranchos” intimaron a la Justicia para que liquide el edificio (ubicado en Tucumán 1349) del quebrado ex supermercado Tigre, fundido por el empresario Francisco Regunaschi en plena noche neoliberal y “puesto al servicio de las organizaciones populares” por sus trabajadores durante todo este tiempo.

“En 2008 obtuvimos a una segunda ley de expropiación que también tuvo el mismo camino de ser declarada inconstitucional”, contextualiza Ghioldi en diálogo con este medio, para luego añadir: “Y en 2015, en diciembre para ser más exactos, se fija una audiencia para exigir el desalojo del lugar. No creemos que haya ninguna casualidad que haya sido en esa fecha”.

“No creemos en las casualidades, sino que entendemos que hay contextos políticos de hostilidad hacia esta experiencia de lucha de los trabajadores”, remarcó el dirigente.

La “apropiación” de La Toma por parte de organizaciones sociales, cooperativas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas de las más diversas extracciones es una de las particularidades del espacio autogestionado. Una pluralidad que se expresó en la potente movilización del miércoles pasado.

“Lo hemos puesto al servicio del conjunto del movimiento popular. Tratamos en lo posible de no jerarquizar el lucro sino más bien la fraternidad y la solidaridad. Hay más de cincuenta organizaciones funcionando regularmente”, subraya Ghioldi.

Fuente: Redacción Rosario.