Sectores políticos y cooperativos expusieron en Neuquén distintas opciones ante la caducidad de los contratos vigentes desde hace 30 años.

Cuatro grupos económicos concentran hoy el manejo del mercado mayorista eléctrico y del sistema porque tienen presencia en todo el proceso de la generación hasta la distribución. El mecanismo que se pergeñó en 1993 tendrá un punto de inflexión en tres años cuando en 2023 se venzan las concesiones de las represas.

El bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Neuquén presentó un proyecto de resolución en el que se recuerda que, al cumplirse 30 años de la concesión, deben revertirse al Estado nacional. “Es un proyecto que hicimos con Jorge Lapeña, exministro de Raúl Alfonsín y presidente del Instituto Mosconi, para estar alerta porque siempre hay una mano negra que dice que, como se vino el vencimiento encima, hay que prorrogarlas”, contó el autor de la iniciativa, el legislador radical César Gass. Agregó que trabaja con los diputados nacionales para que lo transformen en un proyecto de ley.

Mencionó que con la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, se pide que una vez que las represas pasen a la Nación se vuelvan a la administración de las provincias. “Se debería hacer a través de un ente, no de la envergadura de Hidronor, pero sí muy profesionalizado”, contó Gass.

El presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda. (Calf ), Carlos Ciapponi, hizo una lectura sobre el tema. Contó que la mayoría de los generadores han hecho reclamos administrativos y algunas presentaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, porque los gobiernos nacionales, independientemente de su signo político, han incumplido los contratos. Los reclamos, entonces, constituyen elementos de presión porque pueden pasar de lo administrativo a lo judicial.

En segundo lugar advirtió que el mercado no funciona como se había previsto. Los contratos a término previstos en la Ley 24.065 que estableció un régimen de la energía eléctrica de la generación, el transporte y la distribución, en 1992, se suspendió por una resolución en 2013 por lo que no hay posibilidad de alternativas al momento de la compra.

El mercado spot es una subasta donde si se mantienen las hidráulicas que son más económicas se justifica la generación poco eficiente sin que impacte en el precio final del megavatio. Quien tenga la concesión de una hidroeléctrica tiene impacto en todo el sistema.

El cooperativista entendió que no hay un control del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), por lo que hay un desequilibrio, aunque puso en duda si las represas deben pasar a manos del Estado en función de que no se garantiza el interés comunitario. Razonó que existiendo organismos públicos que tienen que controlar, desde la Secretaría de Energía hasta el ENRE, son invisibilizados por el protagonismo de los privados. Por lo que si tiene el control de las hidroeléctricas, la situación no tendría una variación.

A partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, las provincias tienen un rol protagónico, aunque las regalías hidroeléctricas son bajas para sus tesorerías. Contó que con el especialista en Energía y exministro de Infraestructura, Carlos Bastos, se presentará una propuesta para reasegurar los intereses locales. “El recurso es neutro, las crecidas las sufrimos nosotros y no se ha cumplido el riego ni la forestación alrededor del Ramos Mexía, por lo que proponemos tener un control más directo o estar en el paquete accionario de quien renueve la concesión”, apuntó.

Ciapponi imagina una firma mixta sin dejar de tener en cuenta la figura cooperativa de CALF y puso en valor que sólo con la producción de energía de Planicie Banderita se podría abastecer el consumo local como para recuperar la mítica Tarifa Comahue u algún otro acuerdo. El norte, a su juicio, debe ser resguardar los intereses de Neuquén y Río Negro.

El recurso agua, indicó, no se puede dejar sólo en manos de un sector privado sin tener en cuenta el papel del organismo de seguridad de presas y la autoridad de cuencas.

Tanto Ciapponi como Gass coinciden en el papel que deberían tener las provincias si se llega a cumplir con el fin de las concesiones y no ocurre que, negociación mediante, se prorroguen los contratos.

El legislador propuso crear un organismo con participación de las provincias en el caso de las represas interprovinciales como las del Limay inspirado en lo que fue Hidronor que, contó, destinaba sólo el 2% de sus gastos a la masa salarial. “No todas las empresas públicas tienen que ser ineficientes”, razonó.

Hizo una diferencia entre la prórroga que se hace para un contrato petrolero que implica inversión para obtener hidrocarburo de lo que puede ser una hidroeléctrica cuya inversión inicial , hecha por el Estado, se amortizó y no tiene mayores complejidades porque el agua se turbina. “Es un negocio redondo dejar una renegociación”, dijo y cuestionó la pauperización del negocio por la división de las unidades de negocio.

Fuente: Diario Río Negro.