Paulo Ares nos ofrece un repaso histórico sobre el rol de la Unión Cívica Radical en la conformación de marcos jurídicos y herramientas de gestión en materia cooperativa.

(Por Paulo Ares) En la década de 1890 tiene aparición dos fenómenos de distinto origen, pero con aspiraciones democráticas similares que finalmente coincidieron en la década de 1920. Por un lado, el Radicalismo, fundado por don Leandro N. Alem, y por otro lado, algunas corrientes inmigratorias dan inicio a la cooperativización de sus colonos como forma de sortear las dificultades de la época. Solo como ejemplo nombro el Progreso Agrícola de Pigüé, fundada en 1898 principalmente por inmigrantes franceses, y la Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda, fundada en Entre Ríos en el año 1900 por colonos israelitas. La aparición de cooperativas tuvo una explosión sobre una base legislativa muy precaria en el Código Comercial de 1889.

Entrado el siglo XX, Yrigoyen consolida el liderazgo dentro del radicalismo, y el movimiento cooperativo sigue avanzando con la aparición de decenas de cooperativas. Los primeros dos proyectos de legislación están vinculados a hombres del Partido Autonomista: en 1905 el senador por Salta Francisco Uriburu Patrón, y en 1911 lo presenta Eleodoro Lobos, ministro de Agricultura del presidente Roque Sáenz Peña, meses antes del Grito de Alcorta.

Entre los dirigentes que impulsaron la creación de cooperativistas no faltan correligionarios radicales, entre los que se puede destacar a Juan Costa, quien fuera en 1922 el fundador de la actual Asociación de Cooperativas Argentinas. La UCR en el poder hace de las ideas cooperativistas una genuina y sana apropiación consolidando la institucionalización del sector. En 1926 con el impulso de una comisión encabezada por el socialista Mario Bravo se logró elaborar y sancionar la Ley 11.380 -llamada de “fomento cooperativo”- y casi paralelamente se promulgó la Ley 11.388 de “Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas”, que incorporan al sistema legal nacional los principios universales del cooperativismo. En esos años el presidente era el radical Alvear.

En la década de 1930, luego del golpe a Yrigoyen, quisiera rescatar una figura radical como la del dr. Luciano Catalano quien, en una de sus obras más importantes, el “Plan Constructivo del Radicalismo” (1933), plantea que hay que crear “la Secretaría de las Cooperativas y el Comercio en General”, para que organice las cooperativas de producción, circulación y consumo de todos los valores de uso. En dicho documento, sostiene -entre los fenómenos del desorden económico que vive Argentina- la falta de cooperación entre los productores, y sostiene: “Entendemos, también, que los productores deben asociarse en colectividades cooperativas para ir apropiándose de los campos de labor, base del plan de explotaciones colectivas. Insisto en la imperiosa y urgente necesidad de iniciar las explotaciones colectivas de productores asociados en cooperativas libres (producción, industrias, venta, consumo y crédito). Esa es la solución para vencer los intermediarios y acaparadores, cuya acción es perjudicial a los productores y consumidores”.

En la década del 40, en los años de gestión del GOU, el Movimiento de Intransigencia y Renovación publicó la “Declaración de Avellaneda” el 4 de abril de 1945. En el punto sobre la economía expresa: “La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional, y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores, haciendo que su circulación y comercialización estén a cargo de grandes cooperativas de productores y consumidores con el contralor y participación del Estado. Nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos”. Entre los que firman están: Crisólogo Larralde, Ricardo Balbín, Jorge Farías Gómez, Pedro Zanoni, Santiago Maradona, Oscar Alende, Arturo Frondizi, Moisés Lebensohn, y siguen las firmas.

El radicalismo se apropia del hecho social iniciado por corrientes inmigratorias donde ya participaban sus correligionarios, lo institucionaliza cuando está en el poder y lo asume como proyecto de renovación de su propia dirigencia integrándolo al propio plan para reconstruir el país. En ese momento se produce el 17 de octubre, y el partido radical participará de la Unión Democrática pero también no pocos de sus dirigentes se sumaron al movimiento de emergencia que triunfará a inicios de 1946 con Perón como presidente y el radical Quijano como vice. Cabe destacar entre los forjistas al abogado Jorge Del Río, especialista en energías y destacado cooperativista.

Son muchos los puntos de continuidad entre el radicalismo y el justicialismo, la cooperativización de la economía es una de estas coincidencias. Perón conoce bien ese clima de época y propone los objetivos más altos a favor del sector cooperativo. Siempre será acompañado por la oposición, particularmente por el radicalismo que por entonces tenía como actor importante en el Congreso a don Arturo Illia, que en 1951 expone: “Nosotros apoyamos decididamente todo lo que signifique el afianzamiento de la cooperación en la República; creemos que la cooperación, como sistema económico social y cultural, es de innegable beneficio para todo país democrático (…) No sólo debemos tomar a la cooperativa como un sistema estrictamente económico que beneficia, por sus modalidades, a todos sus asociados, pues su finalidad no es el lucro, sino que, por sobre todo, ennoblece y dignifica al ciudadano. En el aspecto político, la cooperativa tiene fundamental importancia. (…). La cooperativa descentraliza, y en este país, extenso territorialmente, donde el quehacer es permanente, y la burocracia estorba, el sistema de la cooperación es, en muchos aspectos, la solución que se requiere para que esos problemas se resuelvan (…)”

El primer lustro de 1950 fue el momento de mayor consenso en favor del sector cooperativo, situación que no fue solo el resultado de un oficialismo claramente decidido sino también de una oposición madura en apoyar aquella cooperativización que había asumido como bandera propia.

El actual contexto político parece acercarnos a la posibilidad de un necesario consenso que madure estrategias público-privadas para sacar al país de la sub-cooperativización aún existente.

Nota: Paulo G. Ares es abogado y profesor en Teología. Asesor legal de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Autor de la tesis “Teología de la cooperación”.