El único oferente que se presentó a la subasta pagó exactamente los 100 millones de base, lo que refuerza sospechas sobre maniobras en el procedimiento. La quiebra original estaba saldada y existía un sobrante económico de 15 millones, pero el juzgado ordenó igualmente rematar el inmueble donde funciona la imprenta desde hace 22 años.