El gobierno finalmente envió al congreso una propuesta de solamente trece artículos. La entrada de las telefónicas al mercado de la TV y el uso de la infraestructura generan temor en las cooperativas, responsables de las telecomunicaciones desde hace varias décadas en más de 600 localidades.

Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias TIC es el título de un texto que, por ahora, resulta escueto con relación a las expectativas que se vienen alimentando en los últimos dos años en vistas de actualizar la normativa comunicacional de la Argentina.

La urgencia para habilitar el ingreso de las telefónicas a la televisión paga a través de un servicio satelital, sumado al uso de infraestructura propiedad de los asociados de las cooperativas que podrían hacer otras empresas, son vistos como una amenaza por las entidades representativas de las empresas solidarias.

“Los considerandos generales del proyecto nos parecen bien intencionados en cuanto al fomento de despliegue de infraestructura en las comunicaciones, pero sus artículos pueden tener efectos muy negativos”, advirtió el presidente de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda. (Colsecor), José Lino.

Durante una audiencia en la Cámara de Senadores, desde esa entidad reclamaron la protección de la infraestructura que construyeron los asociados a las cooperativas durante tantos años en comunidades que no eran apetecibles para otras empresas del mercado.

“Las grandes empresas nunca vinieron a invertir a estos pueblos para darle televisión paga, internet y telefonía. En su lugar, las propias comunidades organizadas en cooperativas asumieron estos servicios que hoy podrían estar en riesgo con este articulado”, señalaron.

Multinacionales, felices

El riesgo de esta ley corta está vinculado a la entrada de Claro y Telefónica al servicio audiovisual, que por el despliegue satelital podrán llevar su servicio a todo el país sin costo de mantenimiento ni desarrollo de infraestructura. En efecto, son empresas de cada localidad las responsables de que haya ductos, postaciones y tendido de fibra óptica.

Consecuentemente, mientras las comunidades innovan en tecnologías, generan trabajo y dinamizan las economías regionales a través de sus cooperativas, las grandes empresas pueden entrar a jugar a esos territorios sin aportar ninguno de esos beneficios. Incluso, podrían aprovecharse de ellos.

El proyecto estipula que “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales deberán facilitar a los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares”.

Los gobiernos provinciales y municipales pueden ser un actor preponderante a la hora de definir si los postes de las cooperativas, por ejemplo, deben ser cedidos nada menos que a sus competidores.

Este proyecto de ley, interpuesto ahora para asegurar la entrada al mercado de las grandes telefónicas, deja aún afuera distintos puntos relativos a la convergencia comunicacional, cuyo tratamiento legislativo todavía es una incógnita en tanto se espera la presentación de la comisión redactora creada apenas se echó por tierra a las leyes de Servicios Audiovisuales y de Argentina Digital, hace unos 24 meses.

Aportes de Colsecor para una LeyCom
Establecer reglas de regulación asimétrica para proteger y reforzar la economía local, la economía solidaria y las fuentes de trabajo, delimitando zonas de exclusión para la operación de servicios por parte de operadores de televisión satelital, de los operadores dominantes (con cuotas de mercado superiores al 30%) de telefonía y de televisión por cable en localidades con menos de 100 mil habitantes.

Fuente: La Gaceta de Cooperar