Este documento surge de una encuesta que tuvo como objetivo recabar información directa de cooperativas de trabajo y empresas recuperadas sobre el impacto del Covid-19.
De la encuesta participaron 195 cooperativas, de las cuales 139 con empresas recuperadas. De Córdoba, formaron parte 9 empresas que reúnen a 183 trabajadores.
Para octubre de 2020, todas las cooperativas cordobesas que formaron parte del estudio se encontraban activas.
“La afectación de la capacidad productiva fue disminuyendo a medida que se fueron habilitando actividades en los diferentes distritos del país y dependiendo del sector de actividad de la cooperativa”, destacaron en el informe.
“Aunque la reactivación de la posibilidad de producir no significa una recuperación inmediata o siquiera importante de los ingresos. La cantidad de trabajadores que dejó de concurrir a los establecimientos por ser población de riesgo, sumados a los casos de Covid-19, afectó también la capacidad productiva”, agregaron.
Otro de los ejes del informe, es reconocer cómo actuó el estado argentino con programas o planes específicos para este sector.
En el caso de Córdoba, ocho cooperativas solicitaron una línea que pertenece al Programa Trabajo Autogestionado. En todo el país, fue solicitada por 130 cooperativas de la muestra, el 67% del total.
Otra de las ayudas fue el Ingreso Familiar de Emergencia que en Córdoba fue solicitado por trabajadores de seis cooperativas. 57 trabajadores solicitaron el IFE y 26 lo recibieron.
El informe explicita la difícil situación que atraviesa el sector autogestionado respecto a las consecuencias económicas de la crisis y el impacto directo del Covid-19.
“La gran mayoría de las cooperativas encuestadas han logrado mantener o sumarse en los últimos tiempos a la actividad laboral, pero esta no se ha recuperado lo suficiente como para garantizar la reconstrucción de unos ingresos que, ya antes de la pandemia, venían menguados por los efectos de las políticas neoliberales y la crisis dejada por el gobierno anterior”, menciona el informe.
Por otro lado, si bien reconocen que en varios de los decretos que fueron regulando la situación de emergencia se nombró específicamente a cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, “la implementación de las medidas de asistencia encontró dificultades para llegar al sector del trabajo autogestionado debido principalmente a las limitaciones resultantes de la forma jurídica de la cooperativa de trabajo”.
En el informe, mencionan que hubo “enormes dificultades para acceder a las herramientas pensadas con lógica económica y productiva, complicaciones de los propios organismos públicos para habilitar sus políticas a las cooperativas o las limitaciones de los órganos específicos como el INAES”.
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