Más de 110 organizaciones de la sociedad civil del país expresan su preocupación por el proyecto nombrado públicamente como la Ley Ómnibus, que podría suponer un retroceso. Entre las organizaciones participantes se encuentra la correntina Cooperativa Agroecológica Yvy Maraney Ltda.
Afirman que las modificaciones propuestas por la Ley Ómnibus podrían atentar contra el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sustentable, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. “Expresamos nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por cuanto suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”.
La Cooperativa Yvy Maraney es un ejemplo destacado de trabajo asociativo. Esta organización está compuesta por familias productoras que se dedican a la producción de alimentos saludables. Han adoptado prácticas agroecológicas, evitando el uso de agroquímicos, lo que beneficia tanto a los productores como a los consumidores y al medio ambiente.
Las organizaciones presentaron una nota ante la Cámara de Diputados manifestando su preocupación por los retrocesos que supondría en la legislación ambiental. Las entidades exhortan a los representantes del Poder Legislativo a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país.
“Estas propuestas colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país. Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados hasta la fecha”, manifiestan desde la organización. Y señalan que cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzado debe ser considerado ilegal e inconstitucional.
El grupo manifiesta que el proyecto de ley modificaría las condiciones bajo las que se permiten fuegos en los sistemas naturales, permitiendo el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc. Afirma que pretende habilitar desmontes en el 80% de los bosques hoy protegidos por la Ley 26.331.
Señalan que con esta modificación más de 42 millones de hectáreas, hoy bajo protección a perpetuidad, quedarían desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala; restringe el acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas; reduce el financiamiento comprometido por ley y anula las 23 leyes provinciales de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que ya fueron aprobadas; entre otros aspectos a tener muy en cuenta y ahondarlos.
Fuente: WCS
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