Se entregaron 26 mil kilos de alimentos al Sistema Alimentario Escolar de Ensenada, provenientes de fábricas recuperadas y cooperativas de pequeños productores agropecuarios.

Se trata de la primera adquisición que realiza el estado bonaerense al sector de la Economía Social y Solidaria (EES) para abastecer comedores escolares, en el marco de una política de compras públicas que se ampliará a otros municipios.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se inició en marzo por la pandemia, la Provincia de Buenos Aires aumentó el presupuesto de asistencia alimentaria escolar en un 137 por ciento. Ante la mayor demanda de alimentos, el sector de la EES ofrece una alternativa de abastecimiento a precios justos, que permite hacer frente a la especulación y sostiene el trabajo local.

En este contexto, el miércoles 1 de julio el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires encabezó el acto de entrega de arroz, polenta, arvejas y aceite -en un total de 26 toneladas- al Sistema Alimentario Escolar de Ensenada.

“La Economía Popular es fundamental para pensar una nueva forma de producción y organización del trabajo. En ese sentido, el rol del Estado es muy importante para generar acciones y políticas públicas”, explicó Federico Ugo,.

Desde el Consejo Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria, la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad conformó mesas de trabajo para impulsar políticas públicas que tomen la agenda del sector. Dentro del espacio de producción y comercialización, propiciar las compras públicas de alimentos es uno de los ejes de gestión.

“Este tipo de iniciativas permiten acceder a mejores precios, ofreciendo alimentos de manera más directa y generando trabajo e ingresos para los y las trabajadoras de la Economía Popular”, opinó Rodolfo Pastore, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, que participó de la articulación de la compra.

De esta primera experiencia de comercialización también formaron parte actores como el Instituto para la Producción Popular (IPP), los espacios de intermediación entre productores y consumidores Todos Comen y Central Cooperativa, que es impulsada por la Universidad Nacional de Quilmes, y la Fundación La Base, que promueve finanzas solidarias a cooperativas.

“Es una muestra no menor de que el vínculo entre la producción cooperativa o familiar y el Estado se puede construir de manera directa, sin apelar a eslabones que no agregan valor pero suman precio”, agregó Enrique Martínez del IPP.

Esta compra al sector se suma al convenio por el cual la Cooperativa de Trabajo Les Coopeva Ltda., de Tandil, confeccionó 1.230 kits, que serán entregados a personas en situación de calle en la Provincia de Buenos Aires. En total, son 1.100 boxers, 130 conjuntos de ropa interior femenina, 1.200 bolsas y 1.200 toallas, adquiridos desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad mediante la Dirección de Atención Inmediata a Familias en Situación de Calle.

Las compras de productos y contrataciones de servicios por parte del gobierno provincial a trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular ya contaban con experiencias previas como las de las cooperativas que realizan tareas de saneamiento en arroyos, las que construyen viviendas, las que pintan más de 500 escuelas bonaerenses o las compras de alimentos a productores campesinos.