Piden a legisladores bonaerenses que protejan 50 fuentes de trabajo

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A raíz de una nueva medida judicial adversa, se solicitó una acción que preserve los puestos de trabajo en una fábrica alimenticia en la localidad bonaerense de Berazategui.

En 2009 el abandono a su propia suerte por parte de los propietarios de la empresa Aachen S.A.C.I. escribía una página dolorosa en la historia de los trabajadores y las trabajadoras de la que luego sería la Cooperativa de Trabajo Safra Ltda. Una nueva página oscura amenaza ser impresa en estos diez años de historia colectiva.

La Cooperativa Safra se dedica a la elaboración de productos alimenticios como caldos, sopas, polvos para preparar salsas y de la línea dietética Caldiet. Desde el año 2010 los trabajadores se hicieron cargo de la producción y de la gestión integral de la empresa. Con 20 asociados y asociadas en su planta permanente, la Cooperativa genera empleo de manera indirecta para otras 30 personas.

El ultimátum les cae ahora desde esa justicia parcial que siempre decide para el lado de los poderosos y que se ha ocupado de generar las peores condiciones para el desarrollo del proyecto productivo cooperativo.

Por caso, nunca se preocupó por indagar por qué la empresa iba a la quiebra, condenando a sus empleados y empleadas a no cobrar las respectivas indemnizaciones. Recuerda la presidenta de la Cooperativa Safra, Graciela Ávalos, cuando la jueza desestimó la presentación de los créditos laborales en la quiebra, lo que le hubiera permitido a la Cooperativa adquirir con ellos las máquinas que utilizan.

Recientemente, el síndico judicial pidió a la jueza que entiende la causa, María Cristina O’Reilly, el inicio de subasta de los bienes de la fallida Aachen -el remate, lisa y llanamente- para saldar deudas de más de diez años con sus acreedores. De manera adicional, el síndico habría pedido el desalojo de la planta para realizar el remate. Así, el proyecto productivo de la entidad solidaria queda a merced del “mejor postor” por decisión de la justicia.

Por ello el día 20 de noviembre, ingresó por mesa de entrada a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con la firma de su vicepresidenta, Marisol Merquel, el proyecto de ley por el cual el Senado y la Cámara de Diputados provinciales sancionarían con fuerza de ley la suspensión “por el plazo de 180 días de todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias que tengan por objeto ordenar y/o ejecutar el desalojo de la Cooperativa de Trabajo Safra Ltda.”.

Resta esperar que el cuerpo legislativo acompañe esta propuesta y que el Poder Ejecutivo a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal la reglamente rápidamente.

Hace tres meses atrás habían recibido el apoyo del INAES

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